Frente a programas electorales que pasan al olvido incluso para los partidos que los impulsan, proponemos algunas iniciativas que apuntan a una mejora en la sanidad, la educación y la política fiscal, entre otros de los principales asuntos que debe asumir el nuevo ejecutivo regional.
Una vez constituidos los ayuntamientos y cabildos, le toca el turno al Gobierno de Canarias, que se estrenará en pocos días con sus nuevos responsables. Cada uno de los partidos políticos que lo conforman acudió a las urnas con su programa electoral y, además, han firmado un acuerdo de gobierno donde dejan expresamente constancia de cuáles son sus intenciones. A veces, tanto unos como otros documentos suelen pasar al olvido y no son realmente conocidos ni por las propias fuerzas políticas que los han impulsado. Por eso, aquí va nuestra humilde aportación, lejos de ser un manual de instrucciones, pero sí con el ánimo de aportar algunas ideas para una Canarias mejor, en lo que a su gobierno se refiere. Sabemos que es incompleto por definición y fácilmente ampliable, en consecuencia, pero si el lugar común habla de aquello de abrir un crédito a los nuevos gobernantes, de darles cien días de gracia, también habla de críticas constructivas: estas diez propuestas van en ese sentido.
1.- Bajar impuestos (de verdad)
Es cierto que el acuerdo de gobierno suscrito entre CC y el PP promete “aliviar la presión fiscal” del contribuyente e incluye buenos gestos, como bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, pero podría completarse con las medidas que proponemos a continuación. En vez de una reducción selectiva del IGIC, como se anuncia, se debería simplificar en aquel 5% que rigió hasta que en 2012 Paulino Rivero junto con el PSOE perpetró la mayor subida fiscal de la historia autonómica —un día en que se jugaba el Real Madrid-Barcelona—, bajo la promesa de volver al tipo anterior en el plazo de dos años. Promesa que, huelga decir, Rivero no cumplió. Para darse una idea de lo que significó el salto del 5 al 7 por ciento, basta con reseñar que en 2012 (último año al 5%) se recaudaron unos 931 millones de euros, mientras que en 2022 esta cifra trepó hasta 1.890 millones de euros. Prácticamente se han transferido 1.000 millones de euros más de familias y empresas a las arcas autonómicas en el periodo.
El caso del Aiem es sangrante y en La Gaveta Económica hemos dado buena cuenta de ello. Su capacidad extractiva no mermó siquiera en el año del covid y en el año pasado sumó 233 millones de euros, casi cien millones más que en 2019. Teniendo en cuenta que la excusa para mantenerlo es proteger a sectores de la muy modesta industria canaria incapaces de competir, cabe preguntarse si esos millones de euros que pagan los contribuyentes no están, en realidad, manteniendo un gasto público desorbitado y encareciendo la ya muy cara (por el coste del transporte) cesta de la compra canaria. El informe reciente del Colegio de Economistas de Las Palmas al respecto debería ser tomado muy en cuenta. El Aiem no es más que una forma de transferir rentas desde los consumidores y los productores locales eficientes hacia los productores locales ineficientes.
En cuanto al IRPF, la deflactación del tramo autonómico habría sido una buena medida, en vez de hablar de bonificaciones, como se puntualiza en el acuerdo del pacto. Ese ajuste sí que habría permitido corregir la pérdida de valor adquisitivo provocada por la inflación que sufrimos en los últimos tiempos. Cabe recordar entonces a uno de los grandes asuntos ausentes de la agenda política canaria: la administración regional no es de las más benevolentes con sus paisanos, ya que llega a aplicar un tipo añadido al estatal del 26% en los tramos más altos, mientras que en Madrid, por ejemplo, esto no pasa del 20%.
2.- Política energética valiente e inteligente
Detrás de una política energética que en el discurso oficial se presentaba como la que llevaría a las islas a “la descarbonización plena de su economía en el año 2040”, en realidad, había puntos oscuros. Los promotores de renovables lo saben bien y por algo llegaron a recibir al consejero Valbuena en un foro público advirtiéndole de que iba a recibir “cachetones por todos lados”. Por tanto, lo primero que tendrá enfrente el nuevo responsable del ramo es la nada fácil tarea de salir del atasco renovable que deja el gobierno saliente, que priorizó los proyectos del Solcan vinculados a fondos europeos mientras dejaba de lado todo los demás. Los cálculos indican que se ha sacado adelante apenas el 10 por ciento de los proyectos presentados en estos cuatro años.
De cara al futuro, Canarias podría ser vanguardia en un avance tecnológico que es primordial en otros países, pero que en España no aparece en la agenda en absoluto: los Small Modular Reactors (SMR), protagonistas de la nueva era mini nuclear. En el caso de que alguien se decida a pensar más allá de las próximas elecciones, estos minirreactores podrían ser un buen compañero de viaje para la capacidad renovable instalada en las Islas, por su carácter modular y flexible. Es cierto que todavía no están en uso, pero es significativo el dato de que EE UU trabaja en la puesta en funcionamiento de 300 reactores nucleares para el año 2050 y que todos ellos serán SMR. Mitsubishi piensa lanzar en el mediano plazo reactores de este tipo, de tres metros de alto por cuatro de largo y un peso de unas 40 toneladas. Una vez construidos, pueden ser colocados donde se desee, porque caben en un camión de carga. En algunos casos, se los utilizará para alimentar desaladoras, como en Canarias, con la ventaja adicional de que no tiene emisiones de CO2. Quizá sea demasiado pedir que el nuevo gobierno abrace este proyecto, en una tierra donde un presidente de cabildo llegó a engañar a la población con mensajes alarmistas e infundados sobre las consecuencias de instalar gas canalizado. Pero vale la pena considerarlo, si se quiere llevar adelante una política energética valiente e inteligente.
3.- El Hombre del lápiz rojo
Uno de los tópicos periodísticos más negativos es el habitual reportaje que mide la actividad de los parlamentos por la cantidad de leyes sancionadas cuando acaba cada legislatura. Si tenemos en cuenta que venimos de un año donde la inflación normativa ha sido la mayor de los últimos once años y que Canarias es la segunda autonomía con mayor crecimiento en la publicación de normas, a nadie debería sorprender que la persona que quisiera estar complemente actualizada sobre las novedades legislativas publicadas en el BOE en 2022 debería leer cerca de 698 páginas diarias. Un despropósito que puso de manifiesto un informe sobre el asunto de la CEOE Tenerife y que debería llevar a una seria reflexión de los responsables públicos. Quizá lo más conveniente sería crear la figura del Hombre del Lápiz Rojo, un superhéroe vernáculo que dedique sus esfuerzos a ir tachando toda la normativa que obstaculiza la acción económica, a cortar la telaraña jurídica y a derogar día tras día las leyes y regulaciones que atenazan la capacidad creativa de la sociedad. Según la CEOE, esta complejidad normativa, además, afecta negativamente a la eficacia del sistema judicial. Aunque es habitual cantar loas a las empresas pequeñas, lo cierto es que la carga burocrática en Canarias se ceba con las micropymes. A medida que las empresas crecen en tamaño, se reduce el costo al que deben enfrentarse, algo que se puede atribuir a que cuentan con una estructura más amplia, tanto en recursos humanos como en capital, para hacer frente a las obligaciones administrativas y burocráticas, que les permite gestionar internamente dichas obligaciones o externalizar el servicio contratando asesorías especializadas.
4.- Sanidad: gasto no es eficiencia
La convocatoria anticipada de elecciones, con la disolución del Congreso y el Senado, ha traído una buena noticia: la cancelación de la ley de “equidad, universalidad y cohesión”, conocida como “ley Darias”, que buscaba establecer como único modelo de gestión posible el directo. Es decir, aquel que es proporcionado por las administraciones públicas, y más aun, promovía la creación de consorcios de propiedad exclusivamente pública. Frente a las presiones de todo tipo que confunden mayor gasto sanitario con mayor eficiencia, una política que busque el menor coste en la prestación de los servicios debe ser prioritaria y para ello podría incidirse en separar las funciones de financiación y compra de los servicios, de la de gestión y producción de estos. Ejemplos en el mundo hay muchos y podría pensarse en los de Países Bajos, donde la garantía pública consiste en que le pagan al ciudadano un seguro privado o el alemán, que funciona de manera similar al Muface, sistema este que permite al 75% de los funcionarios españoles disfrutar de la sanidad privada. Con unos cuellos de botella espeluznantes y una lista de espera de las peores de España, continuar con recetas demostradamente fallidas no mejorará la situación en Canarias. Debe buscarse la concertación de la mayor cantidad posible de servicios y potenciar la cobertura de atención primaria de manera especial, porque no solo está en crisis permanente en el Archipiélago sino que es el servicio más relacionado con la prevención de las enfermedades.
5.- Educación: autonomía, excelencia y flexibilidad
La educación se lleva la segunda partida más importante del presupuesto público, con algo más de 2.300 millones de euros, lo cual representa un incremento de aproximadamente 700 millones en comparación con el de hace una década. A pesar de este aumento significativo, existe una sensación general de fracaso que se ve respaldada por estudios periódicos como el informe PISA, que sitúa a Canarias en el último lugar de España. ¿Sigue siendo insuficiente la financiación? En realidad, el problema radica en otro aspecto. Todos los sistemas educativos que han experimentado mejoras significativas lo han logrado principalmente al crear un sistema más eficiente en tres áreas: atraer a personas talentosas interesadas en la enseñanza, desarrollar a sus docentes para que sean mejores educadores y garantizar que estos educadores brinden consistentemente su apoyo a todos los alumnos del sistema. El sistema educativo en Canarias está excesivamente regulado, lo que crea una gran cantidad de obligaciones para los profesores, que los distrae de su tarea principal. Sería diferente si se establecieran unas pocas y claras reglas como base, con contenidos generales que permitan una amplia libertad curricular en todos los niveles, junto con la posibilidad de elección libre de los centros educativos. Cada centro buscaría destacarse a través de la calidad y singularidad de su enseñanza, siendo responsables ante los padres y los propios estudiantes, en un proceso de reforma constante que se adapte a las necesidades de cada centro, sin verse afectado por modas pedagógicas o cambios políticos que afecten a los ministerios y consejerías. Si fueran autónomos para seleccionar los horarios lectivos, los libros de texto, el contenido curricular, los métodos docentes, los criterios de evaluación, y, por qué no, la elección del director y del profesorado y hasta del personal no docente, tendríamos la posibilidad de contrastar modelos diferentes, como sucede en los colegios privados, en cierta medida. Al mismo tiempo, debería comenzar a explorarse la implantación del cheque escolar, que libera a los padres de la tutela gubernamental y establece premios y castigos entre los centros, según la preferencia de los ciudadanos.
6.- Copiar lo que otros hacen bien
Se puede imitar o copiar lo que se hace bien o lo que se hace mal. Por ejemplo, arranca mal el acuerdo firmado entre CC y PP al copiar del gobierno saliente aquello de la “soberanía alimentaria”, trasnochado concepto que agradaría a un franquista autárquico y a todo aquel que se siente con derecho a decirle a sus paisanos de quién deben abastecerse y de quién no. Podrían enmendar el borrón con un impulso de espíritu contrario, como sería dar libertad de horarios comerciales, en virtud de la cual el que quiera estar abierto siempre podrá hacerlo y el que no, no. En una tierra turística como esta, que la ciudad de Las Palmas solo disfrute de centros comerciales abiertos los domingos y festivos durante la temporada de cruceros es un completo disparate, más si se tiene en cuenta que tiene turistas todo el año y en los últimos tiempos tiene en cada esquina un nuevo hotel. Madrid celebró en diciembre pasado los diez años de libertad de horarios comerciales, periodo en el cual no desaparecieron los pequeños comercios sino todo lo contrario, además de aumentar el empleo el 13,4% y las ventas hasta un 20%. Más reciente el ejemplo a copiar, pero también de Madrid, la Ley de Mercado Abierto es otra buena idea que favorecería a la economía isleña. Gracias a esta norma, todo profesional que desarrolla su actividad en cualquier parte del territorio español puede ejercerla también en Madrid, lo mismo para empresas y para productos. ¿Por qué? Porque consiste en el reconocimiento automático de licencias otorgadas en otras comunidades autónomas sin necesidad de revalidarlas al salir de ellas. El paso dado calculan que hará subir el PIB regional madrileño en 1,6 puntos.
7.- Un REF que se parezca al REF
La creación de una figura específica, un comisionado, vinculada a la defensa y actualización del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) abre expectativas acerca de posibles cambios en su configuración actual. La primera reflexión de este comisionado debería tener algo de perspectiva histórica y estar de acuerdo con los principios que han motivado los fueros canarios desde sus mismos inicios. Como hemos señalado en La Gaveta Económica en anteriores ocasiones, si otros gobiernos regionales no han expresado nunca sus recelos acerca de este particular marco isleño quizá no sea necesariamente por solidaridad o sensibilidad ante sus primos lejanos, sino porque no lo consideran una amenaza a sus intereses, al menos en materia de competencia fiscal. Recuperar el espíritu del REF en su verdadera concepción fundadora implica empezar a olvidarse de esa idea de “como estamos lejos y somos islas nos deben ayudar con subvenciones” para abrazar otra mucho más positiva y no centrada en ese victimismo disfrazado de reivindicación. Debe utilizarse el REF para recuperar la libertad comercial sin ningún tipo de restricciones, eliminando las barreras arancelarias a la exportación e importación de mercancías. Esas barreras se manifiestan de manera sangrante en las enormes dificultades para los canarios en materia de comercio electrónico. Olvidarse del IGIC y tener a cambio un IVA de tipo reducido permitiría integrar a Canarias en la Sexta Directiva de la UE (como Madeira o Azores), con un rendimiento de la fase minorista de ese IVA para la comunidad autónoma que compense la extinción del IGIC. Se acabarían de un plumazo los problemas actuales que tienen los pequeños exportadores, el “no enviamos a Canarias” y la pérdida de competitividad acuciante que conlleva toda traba al comercio.
8.- Alfombra roja a la inversión
Año tras año, las cifras de inversión extranjera en Canarias confirman que esta no es una tierra que atraiga capitales. Y sin capitalización no hay mejoras en productividad, salarios y nivel de vida. El Gobierno de Canarias podría protagonizar una agresiva campaña de marca, mostrando que aquí hay algo más que un buen lugar para pasar unas vacaciones, sino también una tierra donde hacer negocios es fácil y rápido. En vez de aburrir a los inversores hasta que dan la media vuelta, que es lo que pasa casi siempre, procurar que estos se lleven una impresión magnífica desde el primer momento, porque la dilatación de los plazos mata la inversión tanto como la regulación o la presión fiscal. Cuando se anunció, el año pasado, la implementación del impuesto a las grandes fortunas provocó un inmediato impacto en los posibles inversionistas en sus procesos de toma de decisiones. Debe tenerse en cuenta que atraer inversores implica también atraer financiamiento, lo cual es beneficioso para las empresas españolas y las startups en este momento. Por ello, ofrecer una deducción del 20% de la cantidad que inviertan en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta a lo largo de los siguientes cinco años sería una buen medida, entre tantas, para contrarrestar la mala política económica del gobierno nacional en este aspecto. La presencia de inversión extranjera siempre tiene un impacto positivo en el nivel medio de salarios. Los salarios bajos (que caracterizan a la economía canaria frente a otras) serán necesariamente más altos si la inversión extranjera se multiplica, ya que, de lo contrario, los empresarios foráneos no podrían contratar a nuevos trabajadores y los empresarios locales no podrían retenerlos.
9.- Simplificar trámites
Aunque se haya hecho parte del discurso habitual de la mayoría de los políticos aquello de “eliminar la maraña burocrática”, lo cierto es que esta maraña sigue allí día tras día, como el dinosaurio de Monterroso. Revisar los procedimientos administrativos, con el propósito de identificar las trabas burocráticas que dificultan la ágil tramitación y conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos y empresas tiene que ser una absoluta prioridad. Deben establecerse, ya desde los primeros compases del nuevo ejecutivo, las pautas metodológicas y criterios generales de simplificación y reducción de cargas que sean claros, inequívocos y aplicables por todos los organismos y departamentos de la administración. Fomentar la creación de una cultura de la simplificación en todos los niveles sería una herramienta fundamental para incrementar la eficacia, la eficiencia y la seguridad de cualquier proceso administrativo. La guerra al balduque, o a la red tape, como dicen los ingleses, reduce costes no solo en la administración, sino sobre todo en las empresas, que ven cómo sus costes financieros se disparan al tener que esperar meses y años mientras se tramitan las autorizaciones administrativas. La burocracia es especialmente gravosa para las empresas más pequeñas y puede asimismo actuar como un desincentivo para nuevas empresas. En un mercado global esto es aun más grave, ya que la propia competitividad empresarial puede verse afectada por la eficiencia de la administración con la que le toque lidiar.
10.- El territorio es un recurso más
La política territorial se la ha reservado para sí Coalición Canaria, como es tradición ya en los repartos de gobiernos de pacto. En el pasado, han sido responsables de la acumulación de capas y capas de legislación sobre el territorio, con las sucesivas leyes de directrices, moratorias y medidas urgentes que se fueron superponiendo hasta que en 2016 el anterior gobierno de Fernando Clavijo intentó una solución parcial con la Ley del Suelo. Los efectos que se buscaban no acabaron de conseguirse, por ello, se presenta la oportunidad de una norma que zanje definitivamente el problema y, si es posible, que derogue y simplifique todo el entramado en la materia. Se podría empezar por declarar como edificable todo el suelo, salvo el protegido. La capacidad predictiva que creen tener los responsables públicos acerca de qué necesitarán los vecinos en cada momento y dónde lo necesitarán es una perspectiva errónea que debe ser subsanada. La liberación del suelo para su mejor uso por los propietarios permitirá resolver problemas de escasez alarmante de viviendas que se producen en determinadas zonas. Dejar de señalar al alquiler vacacional (al fin y al cabo, las viviendas no principales en los últimos diez años han retrocedido desde 252.132 unidades a 172.471) y facilitar la nueva construcción es la única solución a una oferta estancada y que no alcanza a satisfacer una demanda siempre creciente. Resulta inmoral que haya problemas de vivienda en Canarias cuando, en realidad, sobra suelo para construir
