El pasado 28 de abril, millones de españoles y portugueses se quedaron complemente a oscuras. No fue un rayo, ni un saboteador ruso, ni una tormenta solar. Fue la ideología. El socialismo energético, tras años repitiendo mantras, prohibiciones y subsidios, ha convertido un sistema que funcionaba razonablemente bien en una torre de naipes que ha empezado a desmoronarse.
A las 12:33, el sistema eléctrico peninsular colapsó, dejando a millones sin suministro eléctrico en cuestión de minutos. Paradójicamente sólo se libraron los sistemas aislados de los archipiélagos que, como Canarias, cuya debilidad, por una vez, resultó una fortaleza ante una emergencia nacional. El Gran Apagón afectó simultáneamente a varias regiones europeas, con su epicentro en un fallo de la red eléctrica de España. Trenes detenidos, hospitales funcionando a duras penas con generadores de emergencia, comercios colapsados y una red digital interrumpida durante horas. Los medios lo atribuyeron a “una perturbación del sistema interconectado europeo causada por un fallo en cascada”, pero pocos se atrevieron a ir más allá. Porque el verdadero responsable no es técnico sino político. Es el socialismo energético y sus prejuicios ideológicos.
Cuando el sistema colapsa… porque lo han desmontado
La electricidad no entiende de retórica ni de utopías verdes. Se rige por principios físicos implacables que no se doblegan ante las consigan de los políticos, no se crea ni se destruye pero los responsables políticos todavía no parecen darse por enterados.. No es casual que la mayoría de expertos e ingenieros eléctricos señalaran la causa del fallo desde el primer momento a pesar del apagón informativo decretado por las fuentes gubernamentales que, todavía una semana después, continuaban escurriendo el bulto sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades.
En la publicación Análisis dinámico y control de sistemas eléctricos escrito por el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Ledesma, encontramos ya una explicación técnica que estos días, de una forma u otra, han traslado los entendidos en la materia: “Si la demanda aumenta pero la potencia mecánica aportada por las turbinas permanece constante, el incremento de demanda solo puede obtenerse de la energía cinética almacenada en las máquinas rotativas. La reducción de la energía cinética en los generadores síncronos conlleva la disminución de su velocidad de giro, de modo que la frecuencia eléctrica del sistema se reduce”.
Dicho de otro modo: hay fuentes de generación eléctrica que dan estabilidad al sistema y otras que crean inestabilidad, mientras las primeras son capaces de absorber la “asincronía” la red se mantiene pero cuando aumentan las fuentes inestables… el sistema colapsa al no poder atender a toda la demanda. Aunque no parece que se pueda hacer ninguna objeción a estos principios científicos la política entra a embarrarlo todo porque las fuentes que producen estas corrientes de energía inestables son principalmente las renovables (fotovoltaicas y eólicas) frente a las más estables y convencionales térmicas e, incluso, nucleares. En realidad nada tiene que ver con el ecologismo pues las centrales hidroeléctricas también generan esa inercia “buena” a través de sus turbinas.
El centro Peter Huber de la Universidad de las Hespérides que nació “con el propósito de realizar investigación y divulgación en el área de la política energética” fue uno de los más diligentes al dar a conocer un informe titulado El Gran Apagón para analizar lo ocurrido el fatídico 28 de abril remarcando que el fallo se originó por una caída súbita de la frecuencia en el nodo mediterráneo, debido a la desconexión de varios generadores térmicos de respaldo que habían sido infrautilizados o directamente clausurados por razones ideológicas.
Este estudio detalla cómo la masiva instalación de energías renovables intermitentes, como la solar fotovoltaica y la eólica, ha transformado la estructura del sistema eléctrico español. Actualmente, estas fuentes representan ya la mitad de la capacidad instalada e incluso más, desplazando tecnologías estables como la nuclear, la hidráulica y el gas. Este fenómeno, descrito como la “curva de pato solar”, muestra cómo la generación solar, concentrada en las horas centrales del día, crea picos que exceden a la demanda y valles que deben ser atendidos por las otras fuentes desplazadas del sistema, sometiendo a estrés a toda la red. Cuando el sol se pone, el sistema debe compensar rápidamente decenas de gigavatios con otras tecnologías que tardan en reiniciarse, un desafío que las políticas socialistas no han abordado adecuadamente.
En el momento del Gran Apagón, el sistema eléctrico español operaba con una proporción históricamente baja de generación síncrona. La alta penetración de energía solar asíncrona –que no aporta inercia– dejó la red vulnerable. El informe del Centro Peter Huber muestra que el 28 de abril, la generación solar alcanzó niveles récord, mientras que la contribución de fuentes estables (nuclear, hidráulica y gas) era de las más bajas del mes. Cuando ocurrió el desbalance, la falta de inercia impidió que el sistema compensara, resultando en un colapso en cascada.
Apagar lo que funciona, enchufar lo que no
Las causas técnicas del apagón son el síntoma. La enfermedad es otra: la progresiva desarticulación de un sistema eléctrico que funcionaba con estabilidad y previsibilidad, y su reemplazo por un modelo basado en impulsos políticos en lugar de datos.
En nombre de la “transición ecológica”, gobiernos como el español o el alemán han cerrado centrales térmicas y nucleares sin tener aún una infraestructura alternativa capaz de ofrecer la misma firmeza y capacidad de regulación de frecuencia. Las energías renovables, que deberían haber sido un complemento dentro de un sistema competitivo y descentralizado, se han convertido en un dogma subvencionado. El resultado es una red más frágil, más costosa y más politizada.
El problema no son la energía solar o la eólica en sí mismas. El problema es forzar su implantación a cualquier precio, desconectándola de la lógica económica y técnica. El apagón del 28 de abril es, en última instancia, el resultado del socialismo disfrazado de verde, lo que se conoce como políticas “sandía”. Es la fatal arrogancia del planificador que cree, equivocadamente, que una red tan compleja como la eléctrica puede supeditarse a objetivos políticos, por muy nobles que puedan parecer, desde el despacho del ministerio, sustituyendo a los técnicos por delegados del partido, priorizando las cuotas al conocimiento técnico.
No es casual tampoco que desde las principales compañías generadoras y expertos energéticos vinieran repitiendo los riesgos que estaba asumiendo el sistema. Ni tampoco lo es que, desde los púlpitos gubernamentales, se calificaran estas advertencias como “bulos”. Lo cierto es que hasta la fecha han sido las fuentes oficiales las que más desconcierto han provocado, primero descartando un ciberataque como la causa del Gran Apagón para terminar abrazando la tesis del sabotaje, sin saber de quién, por qué ni cómo.
La Escuela Austriaca de economía lo advirtió hace un siglo: el cálculo económico es imposible sin precios reales. Y los precios reales solo pueden surgir en un mercado libre, donde los consumidores deciden con su demanda y los productores compiten con eficiencia. Aplicar este principio al sistema eléctrico nos habría evitado el apagón. Pero en Europa, hace tiempo que se cambió el precio por la subvención, la competencia por la “planificación energética” y la eficiencia por la narrativa climática. El mercado energético que funciona de forma centralizada emula este sistema a través de subastas pero al incentivar artificialmente las fuentes de energía inestables se ha roto la baraja. Lo peor no es que sufriéramos un Gran Apagón, es que puede volver a ocurrir porque no parece que vayan a corregirse las debilidades del sistema. Aunque hayan quedado al descubierto.
Sin energía barata y confiable las sociedades no pueden prosperar
Los costes del apagón no son solo económicos, aunque estos también son descomunales (de hecho ya se han estimado pérdidas de más de 1.300 millones), son también políticos. Un sistema que no garantiza la continuidad y estabilidad del suministro energético es sólo el principio, o tal vez la primera muestra más evidente, de una decadencia anunciada y no por ello menos preocupante. El primer paso hacia una pauperización de una sociedad en la que no puede emprender ni confiar sus negocios ni su vida cotidiana a que la luz o las comunicaciones fallen. La energía, barata y confiable, es la condición necesaria de una sociedad próspera.
Tampoco es cierto que las renovables sean más baratas, pues el consumidor final no está notando en su factura un ahorro considerable. Al contrario, los precios no dejan de subir a pesar del aumento de esas fuentes de energía “inagotables” a coste cero. Una vez más queda demostrado que, en la práctica, tener un operador de la red controlado por varios ministerios sea un beneficio para los ciudadanos pues la única que se beneficia directamente es su presidente, con un salario anual de casi 600 mil euros.
El mercado eléctrico necesita menos comisarios ideológicos y más ingenieros. Necesita competencia en lugar de cuotas de partido al frente del operador de la red como ocurre con la ex ministra socialista Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica. Lo ocurrido el 28 de abril es más que un aviso y ya sólo queda que nos demos por enterados.
El Gran Apagón debe servir como un punto de inflexión para replantear las políticas energéticas desde una perspectiva liberal. La solución no pasa por más regulaciones, sino por liberar el mercado energético para que los precios reflejen los costes reales de cada tecnología, incentivando así la inversión en fuentes estables y soluciones de almacenamiento. La energía nuclear, como fuente de baja emisión y alta estabilidad, debe formar parte de esta estructura más sólida, liberada de las restricciones ideológicas que la han marginado.
En lugar de imponer tecnologías específicas, el Estado debe permitir que el mercado desarrolle innovaciones como baterías avanzadas o redes inteligentes, respondiendo a las necesidades reales de la sociedad. No al ritmo que marquen los políticos sino al de la ciencia. El Centro Peter Huber concluye que “la energía es el pilar fundamental sobre el que se asienta el progreso de las sociedades y llevar a cabo políticas energéticas erróneas nos conducirá a un desastre de imprevisibles consecuencias”.
Esas consecuencias se hicieron visibles cuando todo se quedó a oscuras. España no puede permitirse seguir el camino del socialismo energético; sólo la libertad de mercado, guiada por la realidad técnica y económica, garantizará un suministro eléctrico seguro y sostenible. Porque, como explicó el Nobel de economía Hayek, la fatal arrogancia de creer que se puede diseñar desde arriba un orden complejo suele terminar en catástrofe. Y pocas catástrofes son tan simbólicas como quedarse sin luz por culpa de un sistema que ya no se basa en la razón, sino en la ideología. En lugar de seguir interviniendo el mercado energético, lo que debería hacer el Estado es apartarse. Eliminar trabas a la inversión privada, liberalizar en todo lo posible el sector, abrir el mercado a soluciones innovadoras y permitir que el precio –no los burócratas– determine qué tecnologías deben prosperar.