En 2022, se superó la marca de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, y se proyecta que en 2024 esta cifra rebase los 21 millones
Los que se esfuerzan en analizar los problemas de nuestra sociedad a través de la teoría de las dos Españas quizá se dejen en el camino otras dos visiones opuestas, que podrían aportarnos también bastante valor explicativo del porqué de las cosas. Son otras dos Españas: la del empleo público y la del empleo privado. Dos mundos distantes, con reglas de juego diferentes y con una relación que cualquier psicólogo de story de Instagram no calificaría sino como tóxica. Basta con decir que una se nutre de la otra y que la que da sustento se impone unas condiciones que ni por asomo se impone a sí misma la sostenida.
La perspectiva de futuro, además, no augura una mejoría. Debe tenerse en cuenta que el número de trabajadores que cobran su sueldo directamente de las administraciones ha venido creciendo los últimos años a un ritmo trepidante, de 18.360 nuevos contratados por trimestre, desde que Pedro Sánchez se hizo con la Presidencia del Gobierno. Y todavía hay margen para la mejora. O la peora, porque desde el Ministerio de Función Pública, dirigido ahora por José Luis Escrivá, se argumenta que la media de la OCDE, considerada por el ejecutivo socialista como la meta ideal, se sitúa en el 18% de empleo público sobre empleo total, mientras que en España representa el 16% sobre el total del empleo. Esta diferencia de dos puntos implica la necesidad, según el gobierno, de crear algo más de 400.000 nuevos puestos de funcionarios. Se trata de nuevos empleos, más allá de los ya existentes. Mientras en la economía real no se habla de otra cosa que de la posible destrucción de puestos de trabajo que podría acarrear en ciertos sectores la adopción de la inteligencia artificial, en el sector público parece que la mano de obra es cada día más demandada. O más contratada, siendo más precisos.Si miramos los datos del último trimestre, encontraremos que el empleo público aumentó en 58.600 personas, hasta los 3.593.300 puestos de trabajo, mientras que su contracara, el empleo privado, disminuyó en 77.600 personas, hasta las 17.653.600 nóminas. Este dato alarmante proviene de la última EPA. A pesar de que el coronavirus se ha controlado (en su día desde el gobierno se justificó la mayor contratación para cubrir necesidades sobrevenidas), el número de empleados públicos ha seguido creciendo, lo que descarta ya la justificación sanitaria.
Pero no solo es que la intención de los distintos gobiernos es que sean cada vez más, sino que estarán mejor retribuidos. Hace pocas semanas, el gobierno confirmó que esos casi 3,6 millones de empleados públicos verán un incremento adicional del 0,5% en sus salarios correspondientes al año 2023. Esta decisión se explica por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que alcanzó un 2,5% en el pasado año, con un 7,2% de crecimiento nominal, y que, según lo estipulado en el acuerdo retributivo con este colectivo, en caso de que la economía española creciera un 2,4% o más, se activaría un aumento adicional de medio punto porcentual en los salarios de los servidores públicos. Como tal condición se ha cumplido, las remuneraciones de este sector correspondientes al ejercicio pasado llegarán al máximo aumento previsto, hasta el 3,5%. Desde La Moncloa se defiende la medida para “reconocer y compensar el papel fundamental desempeñado por los empleados públicos y reflejar el buen desempeño económico del país durante el período mencionado”.
Si atendemos a la estadística, el crecimiento del empleo público en España desde 2019 ha determinado que uno de cada cuatro nuevos empleos generados pertenezca al ámbito público. Esta subida se ha centrado en especial en las administraciones autonómicas, puesto que los sectores de educación, sanidad y atención pública suman el 90% de los empleos creados.
Según el informe “Analizando la brecha salarial público-privada: evidencia de España”, de Alba Couceiro de León y Juan J. Dolado, se identifican tendencias significativas en el empleo público, como una mayor proporción de universitarios (30% frente al 17% en el privado) y una mayor proporción de mujeres (55% y 41%). Pero el dato más alarmante que sugiere el estudio es que los salarios superan en seis puntos los del sector privado, “sin una clara explicación basada en la productividad”, apuntan. Se da entonces la paradoja de que los menos formados ganan más en el sector público, especialmente en el caso de las mujeres, mientras que los más formados reciben salarios inferiores. Es lo que se define como “compresión salarial”, dada la brecha positiva para los empleados públicos menos cualificados y la brecha negativa para los más cualificados.
Ante esta situación, en la que el empleo público crece a un ritmo mucho mayor al del privado —además, como sostiene el estudio, de manera acíclica— y que ofrece mayores remuneraciones, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Es justo para los actores no públicos? ¿Proporciona mejores servicios a los ciudadanos? La respuesta es difícil oírla de labios de nuestros representantes públicos.
El argumento europeo
Cuando se defiende el aumento en la contratación de empleados públicos suele apelarse, como decíamos más arriba, a la comparación con la OCDE o con otros países del continente. Es cierto que, como se ve en el Cuadro 1, España aparece bastante por debajo de países como los nórdicos, Francia e incluso Irlanda en la relación de puestos públicos sobre el total de puestos de trabajo.
Pero se puede apelar a comparaciones y estadísticas más interesantes e ilustrativas, también en relación con nuestros vecinos o socios europeos. Por ejemplo, como se ve en el Cuadro 2, el peso del empleo público sobre el total del empleo en España y en la zona euro ha tenido una evolución creciente en ambos casos en los años posteriores a la pandemia, pero mucho más vertical en el caso de nuestro país, que superó en más de 1,5 puntos el promedio de la zona euro.
Más esclarecedor es fijarse en la relación entre los costos salariales por empleado público y el PIB per cápita. Allí entonces se aprecia que no tenemos más empleados públicos que otros países, pero que el coste salarial es mucho mayor que la media de la Unión Europea con respecto al coste del mantenimiento del estado. Podríamos decir que en la función pública española hay muchos caciques y pocos indios, si comparamos con los vecinos. En el Cuadro 3 podemos ver que en este sentido solo nos gana la muy vituperada Grecia, pero no por mucho, en un pelotón de cabeza integrado también por Italia, Bélgica y Portugal. Curiosamente, los países nórdicos aparecen en el extremo opuesto, junto con el Reino Unido. Es decir, a pesar de que tienen en términos nominales más puestos de trabajo en las administraciones públicas, esos empleados resultan muchísimo menos caros de mantener para el sector productivo de sus países que lo que le cuestan a la economía española.
No debe soslayarse tampoco qué proporción de las cuentas públicas se destina al mero pago de nóminas: es el 51,7% del coste de operación del estado español en el último año con estadística completa, 2022. Se trata de un valor que es 8,5 puntos porcentuales mayor que la media de la OCDE.
Contrastes con los vecinos
Si miramos la última edición de la Encuesta de la fuerza laboral de Eurostat, el empleo público en los veintisiete países de la Unión Europea tuvo un cambio mínimo en 2022, con un aumento promedio del 0,13% en todo el año. En la Eurozona, en cambio, se experimentó una disminución media del 0,67% en el número de empleados del sector público durante el mismo período. Algunos países de la UE han logrado incluso reducir de manera más pronunciada su fuerza laboral pública, con destacados descensos del 1,4% en Estonia, 1,7% en Grecia, 3,4% en Lituania, 5,2% en Bélgica, 5,8% en Portugal, 7% en Alemania, 7,6% en Eslovaquia, 8% en Croacia y 9,3% en Chipre.
Por el contrario, España exhibe una tendencia notablemente diferente, al registrar un aumento del 7,13% en el número de empleados públicos a lo largo de 2022. Esta cifra solo fue superada por Letonia (7,66%), y nos sitúa por delante de países como Francia (4,16%) e Italia (2,63%).
Es cierto que mirar el número de empleados públicos nos da una posible instantánea del tamaño del sector público en una economía, pero podría también llevar a algunos malentendidos, según cómo se comporte cada país a la hora de prestar servicios públicos. Sucede que algunos países subcontratan trabajos gubernamentales al sector privado, aunque al final se les pague con fondos públicos. Según analistas del sector público como Deschard y Le Guilly un ejemplo de esto puede ser Alemania. Su sistema de salud es similar en alcance al de Francia, pero superficialmente tiene muchos menos empleados públicos en la industria de la salud. Esto se debe a que el gobierno alemán por lo general prefiere emplear a su personal hospitalario mediante contratos privados con proveedores de servicios de salud (algo que se hace, en cierta medida, en España con los conciertos sanitarios). Una vez que se tienen en cuenta estos trabajos, la brecha de Alemania con Francia se estrecha.
No obstante, al examinar la evolución del empleo privado, la Encuesta de la Fuerza Laboral revela que la ocupación en el sector empresarial mejoró en un 1,38% en la UE-27 y un 1,61% en la Eurozona, lo que pone estos guarismos por encima del 1,33% registrado en España. Esto indica una brecha significativa entre el crecimiento moderado de la ocupación privada en nuestro país y el notable avance del empleo público. Es importante señalar que la estadística española infla los niveles de ocupación en aproximadamente 650.000 personas, al camuflar situaciones de desempleo efectivo a través de la fórmula de fijos discontinuos. Además, al depurar el dato para descartar el maquillaje estadístico con este tipo de fórmulas, se revela que el 50% del empleo creado desde la llegada de Sánchez es público.
La práctica de maquillar las estadísticas de desempleo con contrataciones gubernamentales crea, de algún modo, una ilusión de estabilidad que podría tener consecuencias perjudiciales a largo plazo. En 2022, se superó la marca de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, y se proyecta que en 2024 esta cifra supere los 21 millones. Esa percepción de un mercado laboral robusto se desvanece al descubrir que una parte significativa de los puestos de trabajo generados proviene del sector público, sugiriendo que estos empleos no se basan en criterios de eficiencia y productividad y que no hablan de una mejoría general de la economía. Este aumento del empleo público logra, por otra parte, distorsionar la verdadera realidad del mercado laboral español.
La ficción y la realidad
En la economía real, el nivel de los salarios está en buena manera dictado por la voluntad de los consumidores, que eligen y compran bienes y servicios al mismo tiempo que con esos actos determinan los beneficios y los salarios de quienes los producen. Por el contrario, cuando el gobierno se dispone a pagar salarios de los empleados financiados mediante impuestos obligatorios lo hace desde una posición de monopolio, con pocas formas de saber lo que los ciudadanos receptores creen que valen realmente esos bienes y servicios. Por ello, las escalas de salarios (y los beneficios de su flexibilidad, coberturas sanitarias especiales y otras ventajas) de que gozan los empleados gubernamentales carecen de la misma razonabilidad, racionalidad o eficiencia económica calculable que en el proceso competitivo del mercado privado.
Es necesario contar con empleados en las administraciones para cosas como la defensa nacional, la protección policial y la administración del sistema judicial. Pero de ahí a sostener la ficción de que el gobierno puede reducir las cifras de desempleo con programas de gasto hay un abismo. Sin embargo, la inercia del empleo público probablemente se mantenga a corto plazo, ya que las administraciones siguen reforzando su capacidad para ofrecer servicios públicos.
Por otra parte, se prevé que en este año las administraciones autonómicas, cabildos y ayuntamientos contarán con un gran incremento de sus ingresos, lo que despertará aun más el furor de engorde de sus plantillas. Sin embargo, a medio plazo podrían presentarse dos escollos de importancia, como las restricciones presupuestarias que se derivarían del regreso de la aplicación de las reglas fiscales. Otro obstáculo para ampliar la base de empleados públicos es el envejecimiento de los planteles actuales, con una edad media que supera los 51 años y con el 60% de los empleados públicos en condiciones de jubilarse en los próximos diez años. Esto hará que nos acostumbremos al discurso quejoso de los representantes políticos, acerca de la dificultad para cubrir algunas de las plazas vacantes, y al espectáculo de las oposiciones multitudinarias, el gran festín de acceso a la carrera del funcionariado.
