Una de las claves para que una sociedad pueda prosperar es la movilidad social, la promesa de que una persona que se esfuerza en los estudios y en el trabajo puede mejorar su vida, incrementar su nivel de renta y, a la larga, acumular patrimonio, sin importar tanto su punto de partida o las desigualdades sociales. En los últimos años, sin embargo, economistas como Thomas Piketty afirman que la desigualdad se está incrementando y se repite que cada vez vivimos peor, un sentimiento que Ana Iris Simón ha recogido en su libro “Feria” en el que relata que “nos lo llevan diciendo diez años y nos negamos a creerlo. Somos la primera generación que vive peor que sus padres, somos los que se comieron 2008 saliendo de o entrando a la universidad o al grado o al instituto y lo del coronavirus cuando empezábamos a plantearnos que igual en unos años podríamos incluso alquilar un piso para nosotros solos”.
Los últimos datos que manejamos podrían confirmar esta tesis si tenemos en cuenta que el sueldo medio en España es más bajo actualmente que en el año 2000, según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según está organización hace veinte años el sueldo medio anual a precios constantes en España era de 26.836 euros mientras que a finales del año pasado fue de 26.537 euros. O lo es que es lo mismo, en este tiempo los precios han subido más que los salarios recordándonos la importancia de la inflación, ese ladrón invisible. Un ladrón que como bien estamos notando en los últimos meses siempre está al acecho. En este mismo sentido apunta otra publicación de la misma OCDE titulada “Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility” (OCDE, 2019) en la que se apunta que un español que nace en una familia de recursos bajos necesita cuatro generaciones para alcanzar la renta media de sus compatriotas.
Ascensor social, ¿una falsa promesa?
Todos hemos visto películas americanas en las que una persona humilde consigue triunfar y enriquecerse únicamente gracias a su talento y capacidad de emprendimiento, la idea de que se pueda crear un imperio empresarial empezando desde el garaje de casa. Esta no parece ser la experiencia de los españoles aunque si miramos tan solo una generación atrás sí que abundan los casos de éxito y prosperidad de familias con pocos recursos e incluso analfabetas que consiguieron ahorrar tras una vida de trabajo duro para dar oportunidades a sus hijos que aprovecharon y consiguieron vivir mejor que ellos. El sociólogo francés François Dubet mantiene la tesis en su libro Repensar la justicia social (Siglo XXI, Buenos Aires, 2012) que la igualdad de oportunidades del liberalismo es un mito porque establece una competición meritocrática en un mundo de posiciones desiguales que se van consolidando. Posiciones que al ser limitadas convierten esta carrera con el tiempo en una lucha por sobrevivir a su masificación, de forma que el ascensor social solo funcionaría cuando hay una apertura económica en los países económicamente más atrasados pero a medida que se consolidan las clases medias ya resulta casi imposible progresar.
Sin duda se trata de una explicación sugerente que podría explicar que tras la apertura económica de la España de los años 70 el ascensor social funcionara a toda velocidad mientras que actualmente parece haberse detenido. Sin embargo, como en el caso de muchos científicos sociales tras esta premisa se encuentra un pensamiento estático de la economía en el que tiene que haber perdedores y ganadores que solo pueden reequilibrarse con la intervención de las administraciones públicas para corregir los fallos del libre mercado.
Una avería pública
Otras corrientes de análisis no comparten esta visión y buena prueba de ello es el estudio realizado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence presidida por el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós en la que plantea la necesidad de reparar el ascensor social. A pesar de que el punto de partida es el mismo -nuestro modelo de progreso social no funciona- esta perspectiva difiere tanto en las causas como en las medidas para solucionarlo ya que la avería es el resultado de un fallo de la intervención del Estado generando graves deficiencias en el sistema educativo, el mercado laboral y el sistema de protección social. Y es que si volvemos a recordar cualquier película estadounidense caeremos en la cuenta de que aunque un trabajador puede ser fácilmente despedido también es rápidamente contratado por otra empresa o si se decide a montar una empresa no encuentra las trabas burocráticas o regulatorias que en tantas ocasiones hacen inviable sacar un proyecto adelante en nuestro país. Ni que decir del nivel de esfuerzo fiscal que se hace en España en comparación a otros países más “capitalistas” con la promesa de recibir a cambio una protección social que, lamentablemente, parece más encaminada a convertir a los ciudadanos en dependientes de las ayudas que en incentivar el trabajo.
No cabe duda de que la formación es fundamental para promover la movilidad social y de hecho el nivel de renta de un universitario es más elevado que el de quienes tienen estudios medios o no terminan los estudios pero desde los años 80 se instaló la idea de que para ascender social y laboralmente era indispensable un título universitario. Sin embargo el problema fue tomar esta reflexión al pie de la letra y enfocar los recursos -públicos y privados- a la obtención de un título superior sin importar ni la calidad ni su demanda en el mundo laboral. Así, proliferaron tanto el número de carreras universitarias como el de centros educativos que las impartían pasando de una veintena a llegar al centenar de universidades al tiempo que la calidad y la exigencia disminuían. Esto boom universitario se ha traducido en que España ha superado la media de los países europeos de jóvenes entre 25 y 34 años que tienen un nivel de educación superior. Sin embargo, esto no se ha traducido en un aumento significativo de la productividad del país y, de hecho, la tasa de paro juvenil es una de las más altas de toda la Unión Europea llegando al 33%.
El mercado laboral español supone uno de los problemas estructurales de este ascensor social ya que la contratación implica condiciones que la encarecen y la desincentivan. El resultado es un sistema rígido con una fuerte dualidad entre trabajadores que lograron un empleo fijo y aquellos que se incorporan al mundo laboral y solo pueden enlazar trabajos temporales. El sistema protege a los primeros mientras desprotege a los segundos, dos mundos incomunicados y partidos generacionalmente. Un problema que se agravará con el tiempo pues esta desigualdad también se trasladará a los pensionistas con el agravante de que se trata de un sistema de reparto y no de capitalización. Caso aparte suponen los funcionarios, un tipo de empleado público que no deja de aumentar y cuyos ingresos no se encuentran vinculados al equilibrio de las cuentas públicas sino que se basan en la extracción de rentas del sector privado y que, además, cuentan con un trabajo en la práctica blindado ante el despido.
Estos fallos regulatorios tienen también mucho que ver con el exceso de celo de los legisladores por controlar hasta el último detalle de cualquier actividad económica dejando poco margen para la innovación y la adaptación, sobre todo a las empresas pequeñas que no tienen el músculo financiero suficiente para adaptarse a las diferentes normativas de todos los niveles administrativos que, para añadir obstáculos, se modifican periódicamente generando incertidumbre. Quizá el caso más llamativo de exigencias costosas haya sido el de crear zonas de fumadores independientes con sistemas de ventilación específicos en la hostelería para, en apenas unos años, prohibir fumar provocando que la inversión no pudiera ser amortizada. Es solo un ejemplo inocente pero recordemos que las administraciones públicas regulan hasta el número de perchas que debe existir en un alojamiento turístico hasta el número y forma de los aseos de una empresa.
La historia de España no se ha caracterizado por una alta movilidad social pero todo apunta a que se ha debido a la falta de liberalismo y no a su exceso. Por contra, las regulaciones y el control estatal de la economía han generado distorsiones que arrastramos hasta nuestros días. Si nos fijamos en el pasado, formar parte del estamento eclesial o militar era la única formula en la que las familias humildes podían subir al ascensor social a algunos de sus hijos para procurarles una vida mejor. En la actualidad a pesar de todos los cambios nos encontramos en que solo accediendo a la escala funcionarial es la única manera de prosperar. Ciertamente si se quiere que la desigualdad sea tan solo un problema de partida y no de llegada la solución pasa por añadir movilidad social, que equivale a permitir que la actividad económica pueda actuar con el dinamismo suficiente para asignar de forma eficiente los recursos.
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