Bernardo Sagastume
Si se trata de buscar espejos en los que mirarse, lo conveniente es elegir bien. Pero no es lo que ha hecho Felipe Ravina, uno de los portavoces más visibles del movimiento contra el turismo en Canarias, que ha defendido recientemente el modelo de las islas Galápagos como ejemplo a seguir. En una entrevista publicada en el canal de YouTube The Alexis Army, Ravina elogió las políticas de conservación aplicadas en el archipiélago ecuatoriano, que incluyen restricciones a la residencia, controles migratorios internos, cupos turísticos y una tasa de entrada que puede superar los 200 dólares por visitante. Según su análisis, ese modelo ha permitido a Galápagos atraer un turismo de “mayor calidad”, preservar sus recursos naturales y anteponer el bienestar de la población local a los intereses del mercado.
La realidad es bien diferente, sin embargo. Porque lejos de ser un caso de éxito, el modelo de Galápagos se basa en un esquema de proteccionismo ambiental extremo, planificación centralizada y cierre institucional, cuyas consecuencias han sido contraproducentes tanto para la conservación del ecosistema como para el desarrollo económico y social de sus habitantes. Y todo ello sin tener en cuenta que tiene una población de apenas 30.000 personas y menos de 300.000 turistas anuales, y que aquellas islas tienen un PIB per cápita inferior al de Canarias y afrontan crecientes problemas de trabajo en negro, pobreza, corrupción administrativa y degradación ambiental encubierta.
Por ello, cualquier análisis riguroso entre Galápagos y Canarias requiere, como mínimo, algo de honestidad; porque las diferencias entre ambos archipiélagos no son de matiz, sino de magnitud estructural. Esos 30.000 habitantes galapagueños se reparten en cuatro núcleos urbanos menores, sin ciudades propiamente dichas, con un mercado laboral muy limitado y un tejido empresarial que depende casi por completo del sector público o del turismo regulado. Pensemos que el conjunto de las islas recibió en 2023 alrededor de 280.000 turistas, lo que equivale a menos de lo que recibe Canarias en una sola semana durante la temporada alta.
Por comparación, el archipiélago canario cuenta con más de 2,2 millones de residentes, una economía diversificada y abierta al mundo, y una infraestructura turística que acoge a más de 18 millones de visitantes anuales. Mientras el producto interior bruto de Galápagos se sitúa por debajo de los 600 millones de dólares, Canarias supera los 50.000 millones de euros. En términos de PIB per cápita, las islas ecuatorianas registran unos 18.000 dólares anuales, con un alto grado de desigualdad, dependencia de subsidios estatales y escasa inversión privada. Canarias, con sus problemas, mantiene un PIB per cápita de más de 23.000 euros, con acceso a mercados globales, marcos normativos europeos y economías de escala muy superiores.
La disparidad se basa, entre otras razones, en que Galápagos funciona como una reserva natural habitada, sostenida artificialmente por transferencias del estado ecuatoriano y la limitación deliberada del crecimiento humano y económico. Canarias, en cambio, ha construido una economía moderna e integrada que genera riqueza real para más de dos millones de personas, cuyos antepasados buscaban mejores horizontes fuera de las islas.
Uno de los pilares del modelo galapagueño que Ravina omite cuidadosamente es el fracaso estrepitoso de las políticas de autosuficiencia alimentaria. Bajo el argumento de proteger a los productores locales, el Consejo de Gobierno de Galápagos ha implementado desde 2020 restricciones a la importación de productos cotidianos como café tostado, tomate riñón o queso mozzarella. Los resultados han sido un manual de lo que Canarias debe evitar a toda costa, porque la escasez artificial se ha convertido en norma. La prohibición del café importado debió suspenderse en tres ocasiones durante cuatro años por cosechas insuficientes, según consta en los boletines oficiales. Mientras tanto, los galapagueños pagan el doble por productos básicos: las frutas cuestan 2,16 veces más que en el continente, y las legumbres alcanzan un sobreprecio del 164%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador.
Todos estos datos proceden del informe “Galápagos, una crisis en evolución” (IEEP, 2024), dirigido por Francisco Zalles, que desmonta los argumentos fallidos con claridad: “La política de restricción de café tostado y molido es cuestionable no solo porque ha resultado ineficiente, sino porque además termina siendo contradictoria con los objetivos de control del crecimiento poblacional y de cuidado del medio ambiente. Esta política genera una demanda artificial por mano de obra y recursos como agua. Adicionalmente, la llegada de trabajadores agrícolas a localidades con escasa cobertura de servicios básicos terminan contaminando las fuentes de agua. En consecuencia, crea una presión sobre el ecosistema que no existiría si no se hubiese aplicado esta medida, que al final solo crea monopolios de los que se benefician unos pocos”.
El daño ambiental
El proteccionismo ha generado un daño ambiental, porque el protegido cultivo de café consume ingentes cantidades de agua en Santa Cruz, isla sin acuíferos naturales donde el 60% del agua potable está contaminada con heces, según noticias de 2024. Lo que se vendió como “sostenibilidad” ha agravado la crisis hídrica del archipiélago. El sistema ha creado, además, incentivos perversos que fomentan la corrupción y la migración irregular. Los agricultores locales dependen de mano de obra continental que, atraída por salarios un 80% superiores, termina quedándose ilegalmente en las islas. El 79% de estos trabajadores vive en zonas rurales sin saneamiento básico, agravando la contaminación, según el informe conjunto de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Organización Internacional para las Migraciones de 2021.
En Canarias, donde el 90% de los alimentos ya son importados por razones geográficas evidentes, replicar este modelo sería catastrófico. No solo por la imposibilidad física de sustituir millones de toneladas de importaciones en un territorio árido y fragmentado, sino porque el proteccionismo galapagueño demuestra que la llamada “soberanía alimentaria” suele convertirse en una subvención encubierta a grupos de interés, un ataque directo al poder adquisitivo de las familias y una fachada verde que oculta daños ecológicos reales.
El fracaso del modelo galapagueño resulta especialmente evidente cuando se evalúa su objetivo de controlar el crecimiento demográfico: la población crece un 44% más rápido que en el continente ecuatoriano desde 1998, según datos oficiales. El proteccionismo ha generado monopolios que dañan el medioambiente, como los cultivos de café que consumen agua dulce en una isla sin recursos hídricos naturales. Y los subsidios a combustibles fósiles —que cubren el 75% del coste energético— incentivan la contaminación mientras distorsionan gravemente la economía local, tal como documenta el informe del Instituto de Política Ambiental Europea de 2024.
Mientras se promociona una imagen de “conservación ejemplar”, los barcos que abastecen las islas priorizan transportar cemento sobre alimentos debido a un sistema de tarifas que lleva a una “logística fallida”, como la ha definido la CAF. El resultado es una dependencia crónica de importaciones subsidiadas que encarecen artificialmente los productos básicos, mientras se mantiene una burocracia que emplea al 13,4% de la población —la misma proporción que el sector turístico— sin lograr proteger eficazmente los recursos naturales.
Cásate con un galapagueño
La corrupción administrativa ha florecido, por otra parte, en la venta ilegal de residencias mediante matrimonios ficticios, que se ha convertido en una práctica habitual que burla las restricciones migratorias. Mientras, el trabajo en negro crece impulsado por las contradicciones del sistema. Como señala el informe, “las políticas de exclusión no han funcionado […] y terminan generando efectos contrarios a sus objetivos declarados”.
Frente a este panorama desolador, Canarias ha desarrollado un modelo basado en la integración económica global y la eficiencia logística. El Puerto de La Luz mueve 1,4 millones de contenedores anuales frente a los 4.500 de Puerto Ayora, que descarga (durante largos días) a través de gabarras por carecer de grúas. El 48% de las importaciones canarias son alimentos, según el Instituto Canario de Estadística, con precios estabilizados por la competencia internacional. Las desalinizadoras aportan el 80% del agua consumida, una innovación tecnológica real frente a los cultivos sedientos de agua dulce del modelo galapagueño.
Esta diferencia no es casual. Mientras Galápagos intenta —y fracasa— en autoabastecerse con cultivos forzados en suelo volcánico, Canarias ha construido ventajas competitivas reales: infraestructuras modernas, marcos jurídicos estables, mano de obra cualificada y acceso privilegiado a mercados europeos y africanos. El resultado es una economía próspera que genera oportunidades reales para sus habitantes, no la dependencia subvencionada que caracteriza al archipiélago ecuatoriano.
Lo que los impulsores del “Canarias tiene un límite” presentan como un modelo replicable no es, en realidad, más que una excepción geográfica sostenida artificialmente por la limitación del crecimiento humano y económico. Aplicar esa lógica a Canarias —un territorio densamente poblado, plenamente integrado en la economía global y con una vocación turística consolidada durante décadas— equivaldría a promover el decrecimiento forzoso y el empobrecimiento programado de la sociedad isleña.
Canarias merece un debate más honesto sobre su futuro, basado en datos reales y no en espejismos de la ideología. El archipiélago canario ha demostrado durante décadas su capacidad para combinar crecimiento económico, integración global y preservación de sus valores naturales y culturales. Renunciar a esas fortalezas para imitar un modelo fracasado sería un error histórico de consecuencias irreversibles. La verdadera sostenibilidad no consiste en poner límites arbitrarios al desarrollo, sino en usar la libertad, la apertura y la innovación como motores de conservación inteligente.
