Constituye un lugar común afirmar que España no tiene un problema de gastos sino que son los ingresos los que deben incrementarse. Por eso se usa con frecuencia la presión fiscal como indicador en vez del esfuerzo fiscal, ya que del primero se pueden extraer conclusiones distintas que avalarían la idea de que existe margen para que los impuestos puedan ser, incluso, todavía más elevados. Lo cierto es que la presión fiscal se estima dividiendo la recaudación fiscal entre el PIB mientras que el esfuerzo se calcula dividiendo la presión fiscal entre la renta per capita. Esta última arrojaría el espeluznante resultado de que España es uno de los países donde el esfuerzo es el más elevado.
A nadie se le escapa que este debate gira en torno a los llamados a ver aumentar los ingresos hacia el estado, cuando sería mucho más instructivo que quienes sostengan que se paga poco, de manera voluntaria decidieran abonar algo más de lo que obtiene con sus actividades. A fin de cuentas, el mundo progresa mucho más rápido con los ejemplos que con los consejos pero no da la sensación de que existan muchos voluntarios para pagar más. En ese contexto, se buscan candidatos que deban “contribuir” en mayor medida y las grandes empresas suelen contar con muchas papeletas. Pero lo cierto es que, aun confundiendo a capricho cifras y datos que dan a entender que casi no pagan impuestos en nuestro país convertido en una especia de paraíso fiscal para las corporaciones, según la memoria de la Agencia Tributaria del año 2014 (la última disponible), el tipo efectivo en sociedades excluidas las financieras se sitúa en el 20,6%. No parece que pueda decirse que las empresas paguen poco ya que el Impuesto de Sociedades grava beneficios empresariales y estos se difuminaron durante la crisis. En España se pasó de ingresar más de 50.000 millones de euros en el año 2007 a quedarse por debajo de los 21 mil millones en el año 2014, según la misma memoria de la Agencia Tributaria. Cabe subrayar el dato sorprendente de que solo el 38% de las sociedades de nuestro país presentaron beneficios. Añadamos, además, que España recauda una cantidad similar por este impuesto a la del resto de países de la UE, con la excepción de Malta, Chipre y Luxemburgo, cuyo benigno trato a las empresas se les traduce en una mayor recaudación. Se confirmaría que a menores impuestos, aumento de la recaudación siempre que la actividad se reactive.
Otros sospechosos habituales son los ricos, con afirmaciones tan sorprendentes como falsas -particularmente en la campaña electoral-, tal que en España no pagan impuestos o que las rentas de 60.000 euros contribuyen lo mismo que las de 300.000 al año. En realidad el asunto no es así y tampoco parece claro que los problemas de equilibrio presupuestario se arreglen arreando todavía más a aquellos que tienen rentas superiores ni, por supuesto, elevándolos a las clases medias ya suficientemente castigadas. Si algo se puede colegir de analizar los datos es que en España lamentablemente no hay un número elevado de ricos y que, pese a la propaganda, el 1% de los contribuyentes (aquellos que ganan más de 120.000 euros al año) aportan a la recaudación el 16% del total por IRPF.
La gran reforma pendiente sigue estando ligada a la mejor distribución de las competencias, una mayor eficacia en el gasto público y limitar las ineficiencias que nuestro pesado sistema burocrático conserva todavía. A día de hoy, el peso de la crisis ha recaído sobre los exclusivos hombros del sector privado mientras que el público apenas sí ha notado sus efectos. Es más, mientras que la media salarial en el sector público para el conjunto del país es de 33.531 euros al año, su par en el sector privado habrá de conformarse con apenas 22.392 €. Las cifras para Canarias son todavía más llamativas puesto que el diferencial es aun mayor, 30.752 € en el sector público (los 4º más elevados del país) frente a los 17.118€ del privado (los segundos más bajos). Por más que se pretenda justificar en antigüedad, mayor número de licenciados, complemento por lejanía o incluso horarios completos o parciales, da la sensación que es una muestra más de lo hipertrofiado del sistema.
Liberación fiscal
Según el Think Tank Civismo, en España hay que trabajar hasta el 29 de junio de cada año para poder hacer frente a los impuestos a los que estamos sometidos los ciudadanos. Solo es a partir de ese día cuando podemos retener nuestros recursos para atender todo tipo de gastos personales y familiares. Ese centro de pensamiento también lo estima por Comunidades Autónomas y encontramos algunas singularidades para las islas. Por ejemplo, nuestro día de liberación fiscal es el 28 de junio, lo que no deja de sorprender habida cuenta que siempre consideramos que las islas, por su lejanía y su Régimen Económico y Fiscal, debería mantener un diferencial fiscal con el resto del estado. Así, un contribuyente medio en Canarias dedica 180 jornadas de sueldo a pagar impuestos: 102 días a pagar las cotizaciones sociales, 37 a cumplir con el IRPF, 25 a abonar el IGIC, 11 a los impuestos especiales y otros 5 para el resto de tributos tales como el IBI, Matriculación, Patrimonio, etcétera (Gráfica 1). Teniendo en cuenta que pese a esta elevada contribución el Estado sigue endeudándose para mantener sus prestaciones de bienestar (en el mejor de los casos) y que las cantidades se traducirán en impuestos futuros, cabe colegir que esa deuda que ya supera el billón de euros y excede el PIB anual del país ayuda a enmascarar el peso real de los impuestos sobre nuestras maltrechas economías.
Siendo lo anterior muy llamativo, casi más resulta ponerlo en comparación con ese otro tipo de gastos a los que los individuos o familias estamos obligados, aunque aquí habría de entenderse obligación en sentido vital, no legal. Es decir, los ciudadanos destinamos una parte de nuestra renta para alimentarnos, pagar una vivienda, calzarnos o vestirnos y para el asueto en nuestro tiempo libre, por ejemplo. Pero de la misma manera que D. Quijote, a decir de Miguel de Cervantes cuyo cuarto centenario celebramos este año, destinaba el 75% de lo que ganaba a su alimentación, hoy en día dedicamos una cantidad más próxima a esa al pago de impuestos, mientras que la alimentación supone apenas un 16,7% sobre nuestras rentas. ¿Y todo lo demás? Aquí es donde nos encontramos con otra sorpresa y es que un canario medio, según la encuesta sobre presupuestos familiares que publica el Instituto Nacional de Estadística y referida al año 2015, dedicó 2.684,34 € a vivienda, 1.504,91€ a alimentación, 1.115,46 € a transporte y así hasta doce epígrafes (Gráfica 2). Es decir, nos cuesta mucho más la administración en sus variadas interpretaciones que la suma de todos los gastos que asumimos para nuestra vida particular, con la llamativa diferencia que estos en ocasiones se han de aplazar -comprar zapatos que aguardan por las rebajas o sacrificar un libro que nos llama la atención a tener un mejor moento- mientras que los impuestos son cobrados por la vía de la fuerza, razón por la que para su cobro hay un periodo voluntario antes de proceder por las malas. No es de extrañar, en estas circunstancias, que la tasa de ahorro sobre la renta disponible haya descendido hasta una cifra inferior al 10%. Gastamos mucho en impuestos, algo en sobrevivir, no podemos ahorrar para el futuro y nuestra pensión está más amenazada que nunca antes. Como bien decía el genial humorista Chumy Chumez, “los españoles son unos manirrotos: se lo gastan todo en impuestos”.
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