Más de dos años después de que se declarara concluida la erupción del volcán Tajogaite sus consecuencias continúan sintiéndose en La Palma. Quizá la más dolorosa para muchos de los damnificados es la imposibilidad de rehacer sus vidas en una casa a la que puedan llamar hogar. A pesar de los millones prometidos por los políticos las soluciones no llegan aunque otras experiencias en islas volcánicas como Hawaii nos muestran alternativas que en Canarias no se han querido seguir para reconstruir la isla y que pueda recuperar la vida, incluso con más fuerza de la que tenía antes de la erupción.
Durante 85 días de 2021 los medios de comunicación retransmitieron en directo la erupción del volcán de La Palma. La destrucción de la colada que llegó desde Cumbre Vieja hasta el mar en Tazacorte arrasó el fértil valle de Aridane terminando con producciones agrícolas e innumerables viviendas. Más de 7.000 personas tuvieron que ser desalojadas, 1.345 viviendas de uso residencial, según el Cabildo de La Palma, quedaron afectadas. Dos años y medio después de que comenzará aquella catástrofe los palmeros han perdido el foco informativo pero las cicatrices no terminan de cerrarse. Modos de vida destruidos y cientos de personas que todavía no han podido volver a sus casas; se encuentran realojadas en hoteles, casas prefabricadas o viviendo de alquiler con algunas de las ayudas que han repartido las administraciones públicas. Algunos de estos barracones podrían ser considerados infraviviendas con carencias importantes, pasar más de dos años viviendo en una habitación de hotel tampoco es la aspiración para quienes solo quieren volver a tener un hogar. No es de extrañar que ante semejante incertidumbre otras familias, directamente, hayan renunciado a rehacer su vida en La Palma y se han trasladado a otras islas. A lo largo de estos años los políticos no han dejado de anunciar desembolsos que según las cuentas del ex presidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, “alcanzan los 929 millones de euros” en recursos “movilizados” por el Estado. Una cifra difícil de contrastar y que contradice con la dura realidad que sufren los palmeros si tenemos en cuenta que según los datos oficiales los daños del volcán ascendieron a algo más de 800 millones de euros. ¿Cómo es posible que siga habiendo tanto por hacer en La Palma si ya se han destinado más recursos de los que se destruyeron con la erupción? Algo no cuadra y tiene que ver con la ineficiencia de la intervención pública en la economía y la confusión entre propaganda política y gestión pública.
Lo cierto es que más de dos años después de la erupción todavía se debate sobre el decreto de reconstrucción que podría permitir construir nuevas viviendas en La Palma y sobre el decreto agrícola para recuperar los cultivos, principalmente plataneros, allí donde estaban antes de que la colada de lava los sepultara. Ninguna de estas dos regulaciones parece que vaya a solucionar los problemas reales de la gente a pesar del retraso con el que llegarán. En este sentido la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma) en su último estudio de coyuntura advertía que el sector exterior para la isla relacionado con el cultivo del plátano, continúa en cotas bajas, “debido a la minoración de hectáreas de cultivo tras la erupción del volcán”, cuya extensión afectada fue de 228,7 hectáreas. A pesar de que también se lanzaron campanas al vuelo anunciando que la erupción supondría una oportunidad para revitalizar el turismo en la isla bonita lo cierto es que las cifras contradicen estas buenas perspectivas. En el mismo Informe de Coyuntura de La Palma del tercer trimestre de 2023 el sector turístico no levanta cabeza, los turistas extranjeros que llegaron a la isla el año pasado son la mitad de los que venían antes de la pandemia y si nos referimos a los visitantes nacionales la caída no es tan acentuada pero también se encuentra muy por debajo de la tendencia que había marcado 2021 antes de la fatídica erupción.
Todo ello nos lleva a fijarnos en otro archipiélago también volcánico pero situado en el Océano Pacífico: Hawaii. Allí, en mayo de 2018, una erupción en la zona este del volcán Kïlauea arrasó la zona conocida como Puna con una colada destructiva que lo arrasó todo a su paso, viviendas y cultivos, de forma similar a como ocurrió en La Palma, hasta llegar al océano. Hasta aquí las similitudes porque a día de hoy Puna experimenta el desarrollo económico más acelerado de toda la isla. Hawaii, la última colonia que se incorporó como territorio de pleno derecho a los Estados Unidos de América, es el estado con los precios inmobiliarios más elevados pero las políticas poco intervencionistas en materia territorial y constructiva han permitido que la zona de Puna mantenga precios más bajos debido a que los compradores descuentan los riesgos de las erupciones volcánicas. De esta forma, aunque ninguna de las más de 700 casas que fueron devoradas por la lava en 2018 han sido reconstruidas, habitantes de otras zonas de Hawaii y estadounidenses de otros estados buscan en esta zona de importante y frecuente actividad sísmica y volcánica una vivienda más asequible que les permita tener una porción de lo que consideran un paraíso que de otra forma no se podrían permitir. A diferencia de lo que ocurre con la regulación española allí los promotores inmobiliarios no tienen la obligación de construir las carreteras y otras infraestructuras asociadas por lo que el coste de las casas es el del propio terreno más el de la construcción. Bajo la visión europea tras años de Estados intervencionistas este modelo alternativo puede parecer extraño pero es el que regula el mercado inmobiliario en Hawaii donde los precios del suelo son más elevados debido a la escasez intrínseca que supone edificar en una isla, como en Canarias, al tiempo que permite que sean los ciudadanos quienes asuman riesgos allí donde el terreno no es tan valorado porque se conocen los riesgos por la actividad volcánica. Pero ello no implica que las administraciones públicas no asuman cierto grado de responsabilidad también ante catástrofes naturales pues existen programas públicos para comprarles las casas destruidas… al precio que tenían en 2017, antes de la erupción. Por otro lado las leyes locales impiden construir promociones de viviendas asequibles asimilables a las que aquí consideraríamos de protección oficial en las zonas con mayor riesgo volcánico al tiempo que prohíbe gastar dinero público en la construcción o mantenimiento de carreteras en dichas zonas por lo que todo lo que se construye aquí depende de la iniciativa privada y, en muchos casos, en asociaciones de propietarios. De esta forma, allí donde el Estado se retira, la actividad privada se abre paso encontrando soluciones de mercado a problemas que, como vemos en Canarias, no logran solucionarse a través de la intervención pública. Un modelo que se contrapone al más conservador que rige en España en lo que atañe a la construcción de viviendas y cuyo efecto a medio plazo, como estamos comprobando, es la escasez de viviendas disponibles para alquiler o comprar con un consiguiente aumento de precios hasta el punto de impedir el acceso a una vivienda a mucha gente. En La Palma este modelo ha conllevado que, dos años y medio después, cientos de personas continúen dependiendo de las ayudas públicas para tener un techo bajo el que vivir, ya sea un barracón u otra solución habitacional, pero que, a fin de cuentas, les impide rehacer sus vidas y sus negocios. Hawaii presenta un alternativa en el que Canarias podría fijarse pues su lejanía del continente y su dependencia del turismo no le han convertido en una rémora para el desarrollo sino en una oportunidad del mismo modo que ante una catástrofe inevitable no se han quedado paralizados a la espera de una solución mágica que llegue desde el despacho de un político sino que son los propios ciudadanos quienes han podido reconstruir su vida, no su casa porque eso es materialmente imposible, para salir adelante con su esfuerzo y trabajo. Las catástrofes naturales son inevitables pero los políticos y sus regulaciones son, a diferencia de lo que se decía en la célebre película Amanece que no es poco de José Luis Cuerda, “contingentes”. Tal vez los palmeros no necesiten tantas ayudas millonarias sino oportunidades reales para reconstruir sus casas y negocios asumiendo que ya no serán las mismas ni en condiciones iguales a las que tenían antes de la erupción pero que sean diferentes no implica que sean necesariamente peores. Lo que La Palma se necesita son menos regulaciones a través de liberalizaciones -de suelo, urbanísticas y empresariales- que les permitan florecer como el paraíso que es, un lugar privilegiado en el Atlántico que los turistas ansían visitar y en el que muchos extranjeros, si tienen la oportunidad, podrían llegar a establecerse o jubilarse del mismo modo que muchos estadounidenses lo hacen en Hawaii, generando nuevas oportunidades de negocio.
Muchos kilómetros separan al archipiélago Polinesio al de la Macaronesia aunque mayores son las diferencias en otros aspectos que afectan a sus habitantes. Hawaii, ese paraíso cantado por Mecano, no solo es el archipiélago más alejado de cualquier continente y, por tanto, el más aislado, sino que sufre una actividad sísmica frecuente en el que las erupciones volcánicas son habituales, allí se encuentra el volcán más activo del mundo, el Kïlauea, y, por si no fuera suficiente, están sometidos a otras amenazas naturales como huracanes y tsunamis. Sin embargo, ninguna de estas calamidades ha impedido el desarrollo económico y social de Hawaii con una renta per cápita que triplica a la de Canarias (22.303 euros en 2022), su tasa de desempleo es irrisoria por debajo del 3% frente al 16% de nuestras islas. El mercado inmobiliario tan solo es un ejemplo más del abismo que distancia a ambos archipiélagos, los efectos causados por diferentes formas de afrontar los problemas sociales. Así, mientras en Hawaii los gobiernos dejan más espacio para que sean los propios ciudadanos quienes encuentren soluciones de mercado a sus problemas en Canarias se sigue un modelo estatista confiando en que sean las diferentes administraciones públicas las que intervengan en la economía y resuelvan los problemas de cada uno de nosotros. El mundo no es perfecto, y en ocasiones ocurren catástrofes difíciles de predecir y de consecuencias destructivas pero las sociedades pueden elegir entre dos caminos para afrontarlos y repararlos, los resultados son muy dispares y no siempre aquellos que proclaman tener buenas intenciones son los mejores. Lamentablemente, si Canarias se mira en el espejo hawaiano descubrirá que una sociedad más libre puede producir mayor bienestar para sus habitantes. Y si no, que se lo pregunten a tantas familias de La Palma que lo han perdido todo y continúan a la espera del amparo prometido por los políticos mientras ven pasar los años sin que puedan rehacer sus vidas.
