Es indudable la necesidad de atraer talento y experiencia a la función pública, pero también es imperioso reflexionar sobre el sistema actual, que parece generar un círculo vicioso donde las retribuciones atractivas fomentan una adhesión ciega a la disciplina partidaria.
En un mundo que quizá no sea el que vivimos, el ingreso al mundo de la política podría conllevar una serie de cambios y de sacrificios para aquellos que deciden dedicarse a la labor legislativa. Una de las interrogantes que surgen es si los nuevos diputados del Parlamento de Canarias han resignado ingresos en pos de servir a la comunidad o, por el contrario, han experimentado una mejora en sus perspectivas de renta a raíz de su participación en la política. Así es que decidimos examinar la situación económica de estos nuevos representantes políticos, con el objetivo de arrojar luz sobre este tema de interés público. ¿Qué ocurre con sus ingresos y bienes desde que asumieron sus cargos hace apenas un mes? ¿Han realizado sacrificios económicos para desempeñar su función pública o es una oportunidad que les permitirá mejorar su patrimonio o al menos su renta?
El análisis minucioso de las declaraciones patrimoniales y de rentas presentadas por los diputados en el Parlamento de Canarias nos dirá si existen casos de renuncia a ingresos significativos, como el abandono de puestos de trabajo bien remunerados o la reducción de provechosas actividades empresariales, en favor de su labor política. Para empezar, no ha habido una gran renovación en el hemiciclo, ya que aproximadamente la mitad de escaños repite usuario en la Cámara (en sentido estricto, los escaños con que ha comenzado esta legislatura no son los mismos del comienzo de la anterior, ya que el año pasado fueron renovados, a razón de más de mil euros cada asiento).
Lo cierto es que la gran mayoría de los 70 diputados autonómicos no verá alterados sustancialmente sus ingresos a partir de ahora. Esta será la circunstancia de los que repiten o de aquellos que se estrenan, pero que vienen de cobrar unos sueldos similares, en prácticamente todos los casos, en otros cargos políticos, ya sea en ayuntamientos o en cabildos insulares. En esta lista se ubican unos 40 representantes, donde aparecen quienes llevan encadenando varias legislaturas en el Parlamento y se estima (habrá que sumar los extras que se llevan por comisiones o por indemnización por residencia) que mantendrán sin grandes diferencias los mismos ingresos. La excepción notable es la de Miguel Ángel Ponce (PP de Gran Canaria), que no cobra sueldo, ya que vive de sus actividades como médico. Es uno de los escasísimos representantes que pueden acreditar vida profesional previa a la política.
Un segundo grupo es el de aquellos que ganarán menos en esta legislatura. Aquí la mayoría de los casos se explica por los vaivenes electorales, ya que el grupo más numeroso es el de aquellos que pasaron a la oposición después de haber tenido funciones de gobierno. Así, aparecen Elena Máñez, consejera saliente de Economía, que declara unos ingresos de 69.503 euros en 2022; lo mismo que Sebastián Franquis, exresponsable de Obras Públicas (tenía 72.295 euros de salario); Dolores Corujo, que recibía 70.508 euros como presidente del Cabildo de Lanzarote; Gustavo Matos, que en la Presidencia del Parlamento cobraba 80.791 euros; Miguel Ángel Perez del Pino, que era consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria con 71.000 euros, más 6.000 en la Autoridad Portuaria; Gustavo Santana, exviceconsejero de Empleo, que baja desde los 64.284 euros que ganaba antes al sueldo de diputado raso (unos 50.000 euros); o el propio Ángel Víctor Torres, que deja el cargo de presidente del Gobierno regional, 76.823 euros, para ganar menos, aunque puede compensar con el plus de la presidencia del grupo parlamentario de su partido. Todos ellos pertenecientes al PSOE, lo mismo que el palmero Jorge González, que deja la Mesa del Parlamento; Alicia Vanoostende, antes consejera autonómica de Agricultura y Ganadería; Tamara Raya, que como diputada nacional declara un ingreso mayor al que tendrá a partir de ahora; o Manuel Hernández Cerezo, que como funcionario en el Consorcio de Aguas de Fuerteventura declaró 59.391 euros.
Entre este grupo de parlamentarios que resignan ingresos solo hay dos casos en que no se puede atribuir solo a los resultados electorales y que bien podría tratarse de una renuncia personal. Sería, por ejemplo, la situación de Paula Jover, nueva diputada por Tenerife del partido Vox, que declara 72.300 euros entre rendimientos del trabajo y rentas de inmuebles. También el palmero José Javier Pérez Llamas (CC), quien declara ingresos mensuales de 4.400 euros y haber pagado 25.000 euros en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF).
Sobre el IRPF, cabe aclarar una circunstancia especial que el Libro Blanco de la reforma fiscal que en su día encargó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretendía eliminar: “Desde el respeto al principio de igualdad (y, en este caso, también por evidentes motivos de ejemplaridad), debería suprimirse el tratamiento privilegiado de la exención total de las dietas y asignaciones para gastos de viajes que se abonen a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales que recoge el artículo 17.2.b de la Ley del IRPF. Su tratamiento debería equipararse al régimen general de dietas” de los demás contribuyentes, puntualiza en la página 131 el citado informe.
Esta ventaja fiscal ha permitido, por ejemplo, a varios diputados nacionales canarios comprar casa en Madrid, con cargo a la indemnización por desplazamiento, por paradójico e injustificable que parezca esto. Este tipo de privilegios se extiende a que no se abonan los billetes de avión (nacionales si se es diputado en el Congreso, interinsulares si se trata de legisladores autonómicos), lo que lleva a que “hacer política” sea más factible estando en el Parlamento de Canarias que si no se está, algo que puede llegar a ser determinante, por ejemplo, a la hora de afrontar una lucha interna, unas primarias para tener el control del partido y sus candidaturas.
Entre los que podrían llegar a ganar menos dinero aparece el del propio Fernando Clavijo, nuevo presidente de Canarias, que como senador por la comunidad autónoma percibía 77.746 euros y que ahora pasaría a 76.823 euros. Se da la circunstancia de que el inicio de 2023 no vio retocado al alza el salario del presidente regional y Ángel Víctor Torres no se benefició del aumento que sí tuvieron sus homólogos de Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, al igual que el jefe del ejecutivo nacional, Pedro Sánchez y el resto de su gabinete, que se han aplicado una subida del 4% del sueldo a partir de este año. También en CC, Ana Oramas, diputada por Tenerife, quizá vea mermados sus ingresos pese a haber sido designada en la Mesa del Parlamento, ya que en 2022 declara ingresos por 89.600 euros, a los que llega con sus 75.882 euros como diputada nacional y los 13.819 euros de gastos de representación que le abonó su formación política.
El pelotazo salarial
Así como la diputada de Vox Paula Jover es de las muy pocas que resignará renta por meterse en la política, en su partido aparece el mayor pelotazo salarial de toda la Cámara. Se trata de Marta Gómez, elegida en la lista autonómica, que no declara haber pagado IRPF (por debajo de 22.000 euros de ingresos anuales no se hace declaración de la renta), no tuvo sino apenas 1.000 euros de ingresos mensuales y carece tanto de coche como de propiedades inmobiliarias. También cambiará sustancialmente su circunstancia personal la socialista conejera Alicia Pérez Hernández, bióloga, hija del expresidente del Cabildo de Lanzarote Enrique Pérez Parrilla, que es la más joven de la Cámara. A partir de ahora, ganará como mínimo cinco veces más, ya que en su declaración apenas aparecen 9.427 euros de ingresos en 2022 y se estima en 4.600 euros el más bajo salario mensual y 9.000 euros el más alto en el Parlamento, con una media de 5.500 euros. Cabe recordar que los parlamentarios regionales reciben remuneraciones adicionales conocidas como indemnizaciones y asistencias, las cuales en conjunto cuestan más de 2,3 millones de euros al contribuyente. Esto equivale a un promedio mensual de 753 euros por diputado, con una gran variabilidad en los ingresos por dietas, ya que van desde los aproximadamente 340 euros mensuales de media percibidos por el diputado con menor ingreso, hasta los cerca de 2.300 euros mensuales que ha recibido el diputado más beneficiado.
La lista de los que más cambian su situación personal se completa con Migdalia Machín, de CC de Lanzarote, que ya fue diputada entre 2015 y 2019, que apenas ha tenido 8.800 euros de ingresos y sin declaración de IRPF. A partir de ahora, sin embargo, su labor será diferente, ya que es la nueva consejera de Universidades, Ciencia, Innovación, Cultura y Patrimonio del ejecutivo canario. Un caso curioso es el de Manuel Fumero, también de CC pero de Tenerife, que apenas pagó 6.818 euros en concepto de IRPF y apunta unas cantidades percibidas que más parecen ser mensuales que anuales. En este punto, cabe reseñar que en las 70 declaraciones de los diputados hay un poco de todo, desde los que son escrupulosos en el detalle y llegan incluso más allá de lo solicitado, hasta los que responden con generalidades o imprecisiones. Esta falta de control sobre la calidad de las declaraciones se percibió también a la hora de presentar las de final de la legislatura pasada, en la que hubo varios representantes que no cumplieron con su obligación de hacerlo. Además, se registraron 14 parlamentarios que no saben lo que es un banco, al menos por lo declarado, porque dijeron no tener cuenta corriente ni cuenta de ahorro.
A los ya mencionados que mejoran su situación, se suman muy probablemente los casos del lanzaroteño Yone Caraballo (NC), Natalia Évora (CC de Fuerteventura), Patricia Hernández (PSOE de Tenerife; que pasa a la Mesa), Diana Lorenzo (CC de La Palma), Yonathan Martín Fumero (CC de Tenerife), Sonsoles Martín (PP de Gran Canaria), Rebeca Paniagua (PP de Tenerife) y Javier Nieto (Vox, Gran Canaria), que declaró unos 24.400 euros de ingresos, la mitad de lo que percibirá a partir de ahora. Un caso curioso es el del diputado Nicasio Galván, excandidato a la presidencia de Canarias por Vox, que solamente declara ingresos por 19.000 euros, más 11.000 euros de rentas, pero que reúne medio millón de euros en el banco, entre plazos fijos, fondos y cuenta corriente. Es el caso opuesto al de Manuel Domínguez, líder del PP y ahora vicepresidente del Gobierno de Canarias, cuya declaración se hizo en un momento de escasa liquidez, con apenas 1.500 euros en la cuenta corriente.
El grupo más numeroso, como decíamos al comienzo, es el de los que ya se encuentran en números similares a los que percibirán como diputados, bien porque ya lo sean, bien porque vienen de otras responsabilidades políticas donde eran remunerados de manera bastante parecida. En la larga lista aparecen veteranos ya de la Cámara, como Nayra Alemán (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Mario Cabrera (CC), Socorro Beato (CC), Carlos Ester (PP), Juan Manuel García Casañas (PP), Esther González (NC), Marcos Hernández (PSOE), Carmen Hernández (NC), Melodie Mendoza (ASG), Jesús Ramos Chinea (ASG), Luz Reverón (PP) y Luis Campos (NC). También algunos debutantes, como Raquel Díaz (PP), que era consejera insular de Promoción Económica, Empleo y Comercio en La Palma y cobraba un sueldo similar.
Propiedades e inversiones
Resulta curioso que haya diputados que no tengan patrimonio alguno o que ni siquiera sean dueños de un vehículo. En esta doble condición de dueños de nada aparecen Manuel Abrante (PSOE de La Palma), Marta Gómez, Poli Suárez (PP de Gran Canaria), Miguel Ángel Pérez, Rebeca Paniagua y Nira Fierro (PSOE de Tenerife). Sin coche está también Casimiro Curbelo, aunque sí declara la titularidad de varias propiedades y participaciones en empresas, además de 126.000 euros en su cuenta bancaria. En sus ingresos declara una de las cifras más altas de todo el Parlamento, al sumar sus retribuciones del Cabildo de La Gomera, que preside (15.410€), lo recibido como diputado (65.301€), por su grupo parlamentario (10.150€) y como consejero “en distintos órganos” (12.049€) hasta llegar a un pago por IRPF de 37.098 euros. Son once los representantes que no tienen ningún vehículo y el único que declara tener una embarcación, de recreo, es Miguel Ángel Ponce. Por otra parte, llegan hasta 16 (el 22% del hemiciclo) quienes no tienen a su nombre ninguna propiedad inmobiliaria, ni siquiera como parte de una herencia o en régimen de gananciales.
Son una clara minoría, cabe destacar, los que declaran alguna inversión más allá del ladrillo, lo que nos debería alertar quizá acerca de cuánto conocimiento tienen de asuntos financieros. Fernando Enseñat (PP de Fuerteventura) es uno de los pocos con inversión en renta variable, al tener acciones de Repsol, Atresmedia, Indra y Naturgy, pero apenas ronda los 10.000€ en total. El palmero José Javier Pérez Llamas declara también acciones de Iberdrola y Caixabank por 6.000 euros y el que mayor riesgo asume es el herreño Raúl Acosta Armas (AHI), que tiene en su poder criptomonedas como Bitcoin, Ripple, Polkadot y Celo (un tipo de stable coin), aunque entre las cuatro no llega a los 200 euros de inversión.
Siempre en lo público
A falta de conocer las biografías de los 70 diputados de la XI legislatura, que no han sido publicadas todavía, sí se puede deducir, por el hecho de que la mayor parte son caras conocidas, que la inmensa mayoría no conoce prácticamente otro empleo que el que la política les ha dado. Y que si han tenido desempeño fuera de ella, la mayoría estaba vinculada de alguna manera al sector público. Son muy pocos los que han hecho carrera en el ámbito privado, por lo que la composición del nuevo Parlamento de Canarias revela un evidente sesgo en cuanto a la procedencia de sus miembros, con una clara sobre representación de políticos y funcionarios que no refleja la diversidad de ocupaciones de los votantes. Esta disparidad podrá reflejarse en la toma de decisiones dentro de la Cámara, con un enfoque desvinculado del conocimiento de la realidad económica de los que pagan los impuestos para sostener a la política.
En cuanto a las remuneraciones de los diputados, que en promedio alcanzan un básico de 50.000 euros anuales, se argumenta que es necesario ofrecer una compensación adecuada para atraer a los mejores candidatos al ámbito político. Sin embargo, es pertinente cuestionar cuántos de los 70 legisladores autonómicos podrían encontrar salarios similares en el sector privado, que es el verdadero motor de la economía y la fuente de ingresos para mantener el funcionamiento de la administración pública.
Es indudable la importancia de atraer talento y experiencia a la política, pero también es necesario reflexionar sobre el sistema actual, que parece generar un círculo vicioso donde las retribuciones atractivas fomentan una adhesión ciega a la disciplina partidaria. En este contexto, se plantea la necesidad de buscar un equilibrio entre la adecuada compensación de los legisladores y la garantía de que la política sea un servicio público comprometido con el bienestar general, evitando que la mera peripecia personal se convierta en un factor determinante en la toma de decisiones que afectan a todos.
