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¿Bajar el gasto o subir los impuestos? ¿A qué expertos hacer caso?

27 de marzo de 2022
despilfarro
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Llevamos muchos años instalados en una idea perversa, que el único problema que tienen las finanzas públicas es de ingresos, que el gasto está por debajo del que presentan las economías de nuestro entorno. Reflexión que comparte desde Cristóbal Montoro hasta María Jesús Montero.

No debe extrañar, el presidente del comité de expertos a medida del gobierno, Jesús Ruíz-Huerta, formó parte del tribunal que evaluó el acceso a la cátedra de Cristóbal Montoro, ministro de infausto recuerdo. Un grupo de expertos que adolece del mismo error que otros grupos de expertos que han evacuado informes que terminan generando enormes suspicacias. Particularmente este, por su composición -todos hacendistas en las universidad públicas, ergo, funcionarios- y por la naturaleza de su encargo que incluía una hoja de ruta determinada, lo que provocó hasta dos sonoras dimisiones de quienes no quería convertirse en cheerleaders del ministerio. No tuvieron demasiado reparo en colocar a Madrid como el objeto a abatir, tratando de persuadir a la opinión pública que la competencia es buenísima solo cuando afecta a los actores privados pero algo reprensible si quienes resultan implicados son los distintos gobiernos. Un dislate, claro está. Los teóricos de la elección pública definen ese proceso que se da cuando un contribuyente cambia de jurisdicción para mejorar sus condiciones como “votar con los pies” y parece claro que la capital de España ejerce un poder de atracción del que carecen otras comunidades. La gente no se queda quieta esperando que la asaeteen a impuestos, aquellos que los pueden evitar buscarán formas de optimizar sus pagos a la Agencia Tributaria. De hecho, dado el espacio que en el Libro Blanco del Hachazo Fiscal (como lo llama nuestro articulista Sebastián Cerezo en Desde Chicago) ocupa las referencias a los impuestos que la Comunidad de Madrid decidió bonificar -los patrimoniales, una cuestión menor en la recaudación tributaria- complicado resulta creer al propio Ruíz-Huerta cuando dice que le ofende que se pueda afirmar que se ha hecho un trabajo por encargo contra esa comunidad autónoma concreta. Sin embargo, en diversas declaraciones públicas sostiene que “se ha puesto en marcha un proceso de competencia fiscal a la baja, y eso hace que al final desaparezca el impuesto. Si no tenemos impuestos no hay capacidad de tener autonomía” para, a continuación señalar que “en el caso de Madrid lo que sucede es que se beneficia de la movilidad de bases imponibles hacia su territorio por haber rebajado los impuestos. Por eso puede tener sentido que pongamos un suelo en todas las autonomías y así garantizar una defensa. Planteamos la necesidad de buscar un equilibrio entre la defensa de la autonomía y el contenido de estos impuestos en términos de equidad. Buscar ese equilibrio no es fácil, sobre todo cuando hay mucha presión a la baja”. Lo que viene a plantear el experto Monteril es que competencia sí pero no mucha, no sea que los impuestos puedan terminar desapareciendo. Vaya, para no querer aceptar acusaciones de encargos ex profeso se terminan pareciendo mucho sus propias conclusiones con las que ya ha ido avanzando la dicharachera ministra de la cosa. No menor, merecedor de un hueco en el museo de los horrores fiscales, es esa otra afirmación del Sr. Ruíz-Huerta en la que protestaba, “es lamentable decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Si esto está mal, entonces lo correcto sería afirmar que el dinero que abnegadamente obtenemos trabajando honradamente estará mejor en las manos de nuestra pudenda clase política. ¡Acabáramos!

También han querido defender su trabajo planteando que no es cierto que propongan un hachazo fiscal. Entonces, ¿cómo lo llamamos por más que pueda aplazarse dadas las condiciones en las que nos encontramos inmersos? Sin recuperarnos de la pandemia de la Covid19, sufrimos las consecuencias indeterminadas de una guerra. Pero nada de lo que se plantea en el dichoso Libro Blanco tendrá un efecto neutral. Por ejemplo y de manera muy clara, cuando se recomienda una reducción de incentivos y bonificaciones fiscales en el IRPF, lo que en la práctica supone un endurecimiento del impuesto. Plantean algo similar en las exenciones, bonificaciones, reducciones y deducciones en el IVA, aumentando los tipos que aplican a productos que están actualmente en el 4% (superreducidos) o en el 10% (reducidos) al 21% del tipo general. Esto supondría un aumento considerable de los ingresos fiscales aunque hay que señalar que España tiene un número superior de productos en esos tipos bajos que nuestros pares de la UE. De hecho, cuando se considera que hay margen para aumentar la recaudación, es solo en ese impuesto sobre el consumo donde se observa la existencia de tal posibilidad, no así en los demás que ya ingresan o cantidades muy próximas o superiores a lo que obtienen otros países de nuestro entorno. Pero supone elevar los impuestos, no cabe argüir nada en contrario.

Como lo supone también la propuesta de elevar los impuestos especiales bajo el sugerente argumento de la fiscalidad ambiental y el nuevo modelo de movilidad. Esto hará, inmediatamente, un encarecimiento en la compra de los vehículos o en cada vez que se ponga combustible -tiempos propicios para esto, como estamos viendo-, o -peor aún- cada vez que se use si transitan determinadas vías congestionadas.

Pero lo realmente llamativo es el intento de impedir que Madrid pueda seguir rebajando los impuestos, particularmente por el efecto imán que puede llegar a tener. Aunque esté lejos de ser un paraíso, es cierto que mejora con mucho el comportamiento fiscal de otras comunidades y que puede producir ese efecto ya comentado de votar con los pies, el traslado a otra comunidad para evitar el saqueo fiscal, con lo que se transfieren bases imposibles a la capital del Reino. Ojo, el planteamiento no es que los demás puedan hacer lo mismo en el ámbito de sus competencias, el tema es que Madrid no lo pueda hacer para no permitir lo que han estado denominado -con poco acierto- “dumping fiscal”. Eso sí, sin reparar en que el Impuesto sobre el Patrimonio tan solo existe en España. También recomiendan que se limite la capacidad normativa de las autonomías para que no puedan aliviar a las familias en el doloroso trance de la pérdida de un ser querido mediante la rebaja del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, también una anomalía en retirada en toda la UE. Un impuesto que causa enormes disfuncionalidades y que provoca que algunas familias deban deshacerse de los bienes recibidos en herencia para poder acometer el pago

del sablazo. Una cuestión que llama la atención es que se ataque a la autonomía de las autonomías, con lo que, por reducción al absurdo, deberíamos plantearnos entonces cuál es su finalidad, la razón misma de su existencia. Otro disparate. Pero donde de verdad enseñan la patita que muestra a las claras su voracidad fiscal (¿tenía alguna duda, amable lector, a estas alturas?), es el uso incivilizado de los datos. Por ejemplo, con esa estupidez que no por repetirse se convierte en real de que nuestros ingresos públicos están por debajo de la media europea. Dos anotaciones, la primera es que se compara en términos de PIB nacional en vez de sobre el PIB per cápita -presión fiscal vs. esfuerzo fiscal- pero es que, además, con ocasión del desplome de la actividad económica fruto de la Covid, España no está por debajo de los demás países, es que se ha igualado. Bien, en su informe siguen comparando datos del año 2019, lo que solo puede ser nuestra de evidente y palmaria mala fe.

Ya sabemos, por tanto, que quieren subir -mucho- los impuestos pero deberíamos entonces pensar las razones para conceder ese anhelo, partiendo de la base de que, efectivamente, el dinero está mejor en el bolsillo de sus legítimos propietarios y que cada euro que maneja el gobierno tiende a pasar por alto las particulares preferencias de los individuos -también pagadores de impuestos- a la hora de fijar su concepto de vida buena. Y, viendo lo que encontramos en el estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre eficiencia del gasto público, bien haríamos en no aceptar el trato y exigir una restitución de tipos a algunos más ajustados, dejando menos recursos que dilapidar por parte de esta patulea de políticos con claras tendencias populistas empeñados en quitarles a unos para dar otros, previa identificación no tanto de realidades hirientes, tan solo de enormes bolsas de votos que permitan mantenerse en el poder.

Según el estudio del IEE sobre eficiencia del gasto público, estamos por debajo de la media de los países miembros de la UE y de la OCDE. En concreto siendo 100 la media de los países de la OCDE, España obtiene una puntuación de 74,4, en el puesto 29 de los 37 países miembros. Los de la UE obtienen una media de 98,6 puntos. La tendencia es peor, se han perdido 10 puntos desde el año 2019. La parte positiva, lo dice el informe, es el margen de mejora que tenemos. El IEE estima que España podría reducir el gasto público un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel en los servicios públicos si lograra acercarse a la media de la OCDE, lo que supondría un ahorro de 60.000 millones de euros. De lograr este hito, que pareciera debería contemplarse como una prioridad para cualquier gobernante, España podría lograr la necesaria consolidación fiscal sin necesidad de elevar los impuestos. Sería un círculo virtuoso, la mejora de la eficiencia del gasto permitiría avanzar en la reducción del déficit público, incrementar el crecimiento de la economía y, posiblemente, disminuir la economía sumergida.

Para conseguirlo, el IEE plantea más transparencia y la externalización de servicios con el fin de que la gestión sea más profesional y no tan dada a los cambalaches políticos, donde se premia la afiliación antes que la capacidad. No es razonable que cuando se producen elecciones en España terminen siendo cambiados hasta los gerentes de los hospitales públicos, algo que solo se da en nuestro país y resulta completamente anómalo. Las externalizaciones, sostiene el IEE, permite aprovechar mejor la especialización, eficiencia y potencial de innovación de las empresas, que es trasladada a los servicios prestados que serían así de una mayor calidad, más baratos y flexibles.

Otra idea que plantea el IEE es que debe ser favorecida la corresponsabilidad fiscal mediante la descentralización, no como hasta ahora exclusivamente desde la perspectiva del gasto, también desde los ingresos con el fin de evitar la ilusión fiscal -los contribuyentes no perciben el coste de las infraestructuras -y de riesgo moral -los políticos se centran en gastar si los llamados a dar la cara ante los que pagan los impuestos son siempre otros-. También sostiene el IEE que sería conveniente trabajar por una mayor flexibilidad y orientación al mérito en el empleo público con incentivos y posibilidades de una mayor carrera en el seno de la propia Administración con el fin de atraer talento. La última de las grandes recomendaciones es realmente llamativa, aunque constituya una ambición legítima: pide que los usuarios de servicios públicos sean considerados como clientes, cambiando las relación de las administraciones con los ciudadanos y empresas, tecnificando los procesos. En realidad, este asunto bien parece que pasaría por cambiar la naturaleza del ser humano funcionario.

En fin, son dos noticias que se analizan mejor de manera conjunta. Si los políticos tuviesen de verdad un interés en mejorar las condiciones de vida de los que vivimos en el país, darían prioridad a una cuestión sobre la otra porque sin evaluar el gasto público, ¿es posible saber cuánto debería ser el esfuerzo fiscal que se habrá de pedir a los ciudadanos? Hace ya tiempo que las prioridades parecen otras y se resumen en una sola: mantenerse en el poder cueste lo que cueste.

 

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