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Seremos más pobres

11 de abril de 2022
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Durante los últimos dos años, el precio de la energía ha sido sin duda el asunto económico que más angustia genera en Europa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha terminado por sembrar aun mucha más desconfianza y dudas sobre todo lo vinculado al consumo energético. A ello se le suma el incremento de la inflación, que superó en 2021 los cálculos previos más pesimistas. ¿Estamos entonces ante la mayor caída de nuestro nivel de vida desde los años setenta? Es lo que anticipan estudios como el de la británica Resolution Foundation. En países como Reino Unido, se calcula que los pensionistas gastarán una cuarta parte de sus ingresos solo en energía, según un estudio de la consultora CEBR. El panorama en España puede ser similar, toda vez que su economía ha sido la de la OCDE que peor ha salido parada de la crisis pandémica.

El gobierno, copiando la receta de la administración de Biden (EEUU) ha buscado cargar las culpas solo en la irrupción de la guerra en Ucrania, pero el impacto de esta invasión estaba siendo anticipado con un claro movimiento a la alza en los mercados energéticos a partir del incremento en el precio del gas. Ahora se suma el conflicto y la incertidumbre acerca de cuál será su duración y hasta dónde llegará el alcance de sus consecuencias.

Los países miembros de la Unión Europea llevan años sustituyendo las plantas de carbón por energías renovables. A pesar de ello, el 70% del consumo energético siguen siendo combustibles fósiles; entre ellos, destaca el gas natural. La UE apenas produce gas natural, así que cada año tiene que importar el equivalente a 3.660 TWh de este recurso y el 45% procede directamente de Rusia. Entre petróleo y gas natural suman el 58,7% del consumo de Europa, que sumado al carbón (11,5%) alcanza el total de las fuentes fósiles de las que se abastece el mix energético continental. El cierre progresivo de las centrales de carbón y el de las nucleares en países como Alemania (y España), que ha pasado de 17 reactores en funcionamiento a solamente 3, que está previsto cerrar en fechas próximas, agrava la situación.

Se ha escuchado en estas semanas decir que es más que nunca el momento de apostar por las fuentes renovables como modo de lograr mayor independencia energética. Pero la intermitencia propias de la generación eólica y fotovoltaica hace que el gas haya sido señalado siempre como su mejor compañero de viaje, para funcionar como tecnología de respaldo. Es lo que ha venido sucedido, con el consumo de gas natural que ha ido creciendo de forma regular en los últimos cincuenta años, y casi duplicándose solo entre 2000 y 2020.

A pesar de que la demanda de gas natural ha mantenido su alza, la inversión en petróleo y gas se encuentra bajo mínimos en todo el mundo. Esta inversión en nuevos yacimientos, exploración, extracción y producción se halla en los niveles más bajos de los últimos quince años. Más precisamente, se ubica en menos de la mitad de lo que era en 2014, con el agravante de que se trata de una industria que necesita niveles constantes de inyección millonaria de capital para mantener los niveles de producción. El resultado es que se contrae la oferta y le resulta mucho más difícil afrontar el crecimiento del consumo, lo que provoca subidas de precio como la actual. Pensemos que el precio medio anual más alto había sido el de 2012 con 111,63 dólares por barril de Brent, pero a mediados de marzo pasado estaba en 114 dólares, lo que significaba un aumento del 83,92% en los últimos doce meses.

Situación post pandemia
La situación post covid ha colaborado, además, con una recuperación que fue más rápida de lo previsto, con el crecimiento de la demanda de energía que eso conlleva y su alza de precios. Además, desde la primavera de 2021 Gazprom empezó a reducir sus envíos de gas a Europa, lo que ha llevado a tener las reservas en sus niveles más bajos de la última década. Esto ha obligado a aumentar las compras de gas natural licuado (GNL), que llega en los barcos metaneros, de mayor precio que el que se recibe por gasoductos. El dato a tener en cuenta es que aproximadamente una cuarta parte del petróleo y más del 40% de todo el gas que importa Europa procede de Rusia.

El contexto bélico en que nos encontramos, por su parte, hace que las relaciones entre Moscú y Bruselas vayan de mal en peor. Como muestra, el gasoducto Nord Stream 2, una enorme tubería que conecta directamente Rusia con Alemania, que se completó en septiembre de 2021, pero sigue sin recibir el visto bueno de los reguladores alemanes. Y puede que nunca lo haga, ante una resistencia explícita de Reino Unido y de Estados Unidos a que se concrete su uso. El avance de la guerra hace pensar que quizá nunca llegue a utilizarse esta gran infraestructura.

Ante la eventualidad de que Rusia cortase sus suministros a Europa, el petróleo podría ser sustituido desde otros mercados, además de que la exposición en este recurso es menor. Pero con el gas la situación es mucho más preocupante. Los 3.660TWh de gas natural por año que importa Europa están compuestos en un 40% (1.700TWh) por importaciones desde Rusia. Los países de la UE podrían sustituir ese gas con otros proveedores, dilatar el cierre de las centrales nucleares o incluso reactivar centrales de carbón que estaban fuera de uso. Con esas tres medidas se podría llegar a cubrir una demanda de 2.100TWh, que en teoría cubriese la caída del vendedor ruso.

Pero no sería tan sencillo como parece en los papeles, porque el mercado mundial está tensionado actualmente por la citada caída de inversión de los años precedentes, por lo que sería difícil estirar más la oferta de modo tan rápido. Además, la conexión de gas entre países de Europa en general y hacia el exterior no es la mejor, a excepción de España y sus regasificadoras. Pero la conexión desde España a través de Francia al resto de Europa no tiene capacidad suficiente como para transportar la cantidad necesaria llegado el caso.

España debe en cierta medida estar más tranquila gracias a las inversiones de los últimos 20 años en estas plantas de regasificación, que permiten el transporte del gas por barco y no solo por tubería. Oportuno es recordar aquí el rechazo que en Canarias se produjo a estas instalaciones, dado que había proyectadas por parte de Enagás una en Tenerife y otra en Gran Canaria, pero la falta de acuerdo político al respecto, sumada a inconvenientes en la tramitación que acabaron en los tribunales, han impedido que ahora se pudiese contar con este recurso, menos contaminante y más barato que el combustible que se sigue quemando en las principales plantas generadoras de electricidad de las Islas. Hoy, la producción de electricidad en Canarias es fruto del gasoil (700.000 toneladas al año), fuel-oil (988.000 toneladas) y diésel (21.000 toneladas). Los 200 millones de euros que se invirtieron a finales de los años ochenta para construir las centrales de ciclo combinado de Gran Canaria y Tenerife no han sido rentabilizados, dado que estaban pensadas para poder emplear alternativamente gasoil y gas natural.

Los proveedores de gas natural licuado a España son mayormente barcos que llegan desde la península arábiga o de Estados Unidos, una diversificación que evita la dependencia de Rusia, pero el impacto de la actual situación sobre los precios es global, al margen de quien lo provea. Si nos situásemos en un escenario muy pesimista vinculado a la guerra en que se redujese a cero la provisión de gas ruso, esto exigiría medidas drásticas para recortar el consumo de energía, con la consecuente caída de la producción. Algo que ya en cierta medida está ocurriendo, porque los precios de la energía de los últimos meses ya habían logrado que algunas fábricas españolas parasen o redujesen su actividad, como por ejemplo las siderúrgicas. Fuentes del sector empresarial de las Islas puntualizan que la factura energética se ha triplicado en actividades como el turismo, el comercio y plantas agroindustriales, algo que ya venía sucediendo desde antes de que Putin decidiera invadir Ucrania.

Pese a todo, los analistas más optimistas creen que Rusia necesita vender su gas y que además no desea que la UE se relacione con otros proveedores. Cabe recordar que en los peores momentos de la guerra fría nunca dejó de vender gas a los países de este lado del telón de acero. La dependencia y el cierre del comercio siempre hace que resurjan los proyectos de autosuficiencia y, con la mirada en el largo plazo, se piensa en grandes almacenamiento en baterías, pero estos todavía están muy en fase de desarrollo, si bien en el momento en que alcancen madurez podrán ser una tecnología de respaldo que dé estabilidad y flexibilidad a la ingente y creciente producción de energía renovable.

Desde el punto de vista del ciudadano, llenar el depósito del coche es hoy objeto de preocupación y carne de chistes y memes, toda vez que en la Península ha llegado el litro de gasolina a los dos euros. En este panorama, el coche eléctrico aparece como una alternativa de ahorro, al menos en cuanto a lo que cuesta el día a día. Un estudio de Honest John, portal de venta de coches, calcula que un Hyundai Kona cuesta el triple en gasolina, para hacer los mismos kilómetros, que su versión eléctrica y que el Volkswagen ID3 es 2,5 veces más económico que su homólogo de combustión para hacer la misma cantidad de kilómetros.

En el aspecto doméstico, todos los focos están hoy puestos en cuestionar el sistema marginalista con el que se calcula el coste de generación, que adopta el precio de la última de las tecnologías disponibles cada día según la capacidad de cada día. Es por ello que algunos, que consideraban el sistema muy bueno como incentivo al desarrollo de tecnologías alternativas, dado que cobran el megavatio al precio que lo cobran otras más caras, hoy se lo estén replanteando. Y eso sucede porque el gas está marcando el paso con sus precios últimamente siempre crecientes. Aunque en un principio la Comisión Europea no era partidaria de hacerlo, finalmente ha aceptado repensar el sistema marginalista de alguna manera, como por ejemplo dejando de lado la influencia del precio del gas en el pool energético, algo que solicitaba el gobierno español.

Bajen la calefacción
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que en un año Europa podría rebajar su dependencia en más de un tercio con medidas como no firmar más contratos de suministro con Rusia o con mayor impulso a las renovables. Incluso, se ha llegado a sugerir a los ciudadanos que bajen la calefacción, palabras que salieron de los labios del español Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: “Reducir el termostato un grado reduce el consumo de gas en 10.000 millones de metros cúbicos al año”, según sus cálculos. Las declaraciones, como no podía ser de otra manera, fueron objeto de inmediata mofa cuando no indignación popular.

De cara al futuro, lo más probable es que los precios altos se mantengan altos durante varios trimestres, tanto en gas como en petróleo, por lo que el invierno 2022/23 será igual de complejo en este sentido. Si a ello le sumamos la inflación, no puede ser muy optimista el pronóstico en el mediano plazo. Una crisis inflacionaria, una vez descontrolada, es muy difícil de gestionar para un gobierno y lo sitúa en un dilema perverso, porque si adopta “medidas muy impopulares (contracción monetaria y fiscal) pueden hacerle perder elecciones y si no las resuelve, la inflación devora su popularidad”, como apuntaba el economista Juan Ramón Rallo en Twitter.

España ya estaba en medio de un crisis del costo de vida antes de que el conflicto en Ucrania estallase y un previsible aumento de impuestos (la “armonización” fiscal en la que trabaja el Gobierno) supondrá un golpe adicional para la renta de los ciudadanos, campañas propagandísticas sobre el salario mínimo aparte. Se esperan nuevos aumentos de precios en todos los ámbitos, desde las facturas de telefonía móvil y banda ancha hasta los precios de los alimentos, a medida que se dispara la inflación. Queda la incógnita del mercado inmobiliario, que por ahora parece desconectado del contexto, con subidas sostenidas que no se condicen con lo sucedido en etapas de crisis similares vividas con anterioridad. Algunos operadores esperan una corrección significativa en el precio de la vivienda dentro de seis meses a un año.

Al resultado estrictamente del campo de batalla de la guerra de Ucrania, debe sumarse el coste que las sanciones a Rusia acarrean tanto para el país agresor como para Occidente, que las sufre aunque sea en menor medida que el sancionado. Si en el mediano plazo –o incluso en el corto– el país presidido por Putin cayese en el impago de su deuda podría generar una tormenta financiera con consecuencias más allá de sus fronteras. A semejanza del gran default de Argentina a comienzos de los años 2000, los rusos ya están padeciendo la congelación de sus depósitos bancarios, su propio corralito.