La persecución y condena moral que sufren las casas de apuestas tiene como contracara la nula intención de cerrar el negocio del azar si este lo organizan o lo bendicen las administraciones públicas.
“Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú. Con el Extra de Verano soy un géiser, soy Trajano.Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego la cerilla, la maja de la sombrilla…” ¿Cuántas veces hemos oído esa cuña este último verano? O esta, de hace casi un año: “Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une”. Es parte de la enorme, insistente, machacona y multicanal publicidad que se hace de los sorteos que tienen el visto bueno del gobierno. Del otro lado, tenemos la reciente legislación impulsada por el ministro, comunista sin complejos, Alberto Garzón, que el 30 de agosto pasado anunciaba con gran fanfarria que “queda restringida desde hoy” la publicidad de apuestas y juegos de azar. Algo que, evidentemente, no es cierto, porque todo el juego del estado se puede publicitar a cualquier hora en cualquier canal. Un sábado a las diez de la mañana mientras pasea con sus hijos en el coche por la radio podrá oír anuncios de la Primitiva, la Once, el Rasca y otras más. ¿Qué es lo que pasa, entonces? Que toda la condena moral y la preocupación por la ludopatía se suspenden si la que organiza es la administración.
No queda, entonces, muy claro si lo que se pretende es combatir la adicción al juego o no permitir que se juegue si no están ellos por medio. Porque no debería olvidarse que la empresa Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado es el gran actor protagonista del mercado del juego en España. Es cierto que, si nos guiamos por lo declarativo, lo hacen por nuestro bien, ya que su misión aseguran que es “Generar ilusión mediante juegos atractivos que los ciudadanos disfruten y compartan, con confianza y responsabilidad, y en beneficio de todos”. A nadie le parece incoherente con la lucha contra la ludopatía que, al mismo tiempo, se vanaglorien en su memoria anual de haber aumentado las ventas, es decir, de haber logrado que los españoles destinen más dinero a los juegos de azar. Y que también saquen pecho de haber mejorado la red de venta, es decir, de habérselo puesto más fácil a los jugadores. O de haber ampliado su cartera de productos en 2019, con la incorporación del “Elige 8” a la quiniela y “El millón” a Euromillones para el sorteo de los martes. Todos estos aspectos (aumento de la facturación, acercamiento al cliente, variedad de modalidades) son los que se esgrimen para perseguir a las casas de apuestas, lo que deja en evidencia que lo que en realidad parece estar buscándose es eliminar a la competencia.
El año pasado, el Parlamento de Canarias aprobaba una suspensión de nuevas licencias para locales de juego en las Islas, lo que incluye salones, bingos, casas de apuestas y casinos, en lo que era la confirmación de un decreto de unos meses antes del gobierno autonómico, que señalaba esta prohibición hasta que se produzca la reforma de la Ley del Juego de Canarias, que tiene plazo máximo hasta el 31 de diciembre de este año. La votación se resolvió por unanimidad y a nadie le pareció oportuno, por ejemplo, recordar que mientras se limita esta actividad al mismo tiempo el Cabildo de Tenerife tiene tres empresas públicas que administran sendos casinos ubicados en distintos puntos de la isla. La cuestión moral de los peligros del juego no parecen pesar en absoluto, ya que a esos casinos se los mantendrá “activos mientras sean rentables”, según las palabras de los responsables insulares. Del mismo modo, quizá como anécdota ilustrativa, podemos recordar que se recurrió al azar para decidir quiénes eran los beneficiarios del bono “Somos afortunados” para incentivar las vacaciones en las Islas. Otro ejemplo de asociación con el juego de las administraciones lo tenemos periódicamente cada vez que alguna atracción turística de algún pueblo o ciudad de España ilustra un décimo de la Lotería Nacional, momento en que vemos a sus alcaldes luciendo orgullosos el galardón y contándonos lo bueno que eso es para la promoción de las bellezas del lugar.
LA ONCE Y OID
Esta conducta, esta voluntad de expulsión de los competidores en el mercado del juego, no es patrimonio exclusivo de la lotería oficial. Un comportamiento similar ha tenido la muy subvencionada Fundación Once con respecto a la OID, que había logrado cierto crecimiento y contra la que plantearon una batalla legal para no permitir que operase en su mismo mercado, el de los sorteos con “mensaje social”. Si bien ambas organizaciones se declaran sin fines de lucro y con metas como la ayuda a los discapacitados, la diferencia de tamaño es considerable. El litigio en los tribunales, que no se ha acabado de dilucidar, ha llevado a que la OID cambiase de nombre y que hoy se llame Ondee. Uno de los puntos sobre los que versaba la causa judicial era la utilización por parte de la OID de los sorteos de la Once. Lo cierto es que aunque quisiera hacerlos por su cuenta y ante notario, la OID no podría haberlos organizado, porque el estado se reserva esa potestad. De hecho, los sorteos que habitualmente vemos que se organizan en colegios para pagar un viaje de fin de curso o alguna actividad extraescolar son, técnicamente, ilegales. Los de la Once, que ya no son presenciales, están certificados por la holandesa Gaming Laboratories International (GLI), que presta estos servicios a la industria internacional del juego. Entre sus clientes aparecen organizaciones como The European Lottery, que es el paraguas de las loterías oficiales europeas, y sus homólogos Cibelae (de Iberoamérica), amén de la World Lottery Association, que es algo así como la FIFA del juego organizado por los gobiernos del mundo.
En el momento de contarse la caída de la OID, las crónicas periodísticas insistían en que la organización tenía una abultada deuda con Hacienda (86 millones), pero nada decían de que no había recibido dinero público. No es el caso de la Once, cuyas cuentas anuales nos hablan mucho acerca de la estructura financiera de esta organización. La Organización Nacional de Ciegos Españoles, fundada en Burgos el 13 de diciembre de 1938, es en realidad un enorme conglomerado de diversas sociedades en las que los juegos de azar han ido cediendo paso a otras actividades. Según las cuentas auditadas por Ernst&Young del último ejercicio, apenas 48 millones de euros provinieron de ingresos por la actividad propia, frente a un importe neto de cifra de negocios de 428 millones. Dicho de otra manera, solo uno de cada diez euros ingresaron por los famosos “cupones de los ciegos” que vemos venderse en las esquinas.
Es que dentro de este trasatlántico aparecen muchas otras actividades, como hoteles de lujo dentro de la cadena Ilunion, con más de veinte establecimientos -no todos de cinco estrellas- por el territorio español, sumado a venta de coches, lavandería industrial, centros de atención telefónica, servicios de limpieza, tecnología y hasta una agencia de noticias, Servimedia. Todo esto no les impide mantenerse al margen de la ayuda pública, que es significativa y se puede desglosar en dos aportaciones principales. Por un lado, subvenciones del Fondo Social Europeo, que suman casi 23 millones de euros; y por el otro, “ayudas de coste salarial para centros de empleo al 50 por ciento del salario mínimo en trabajadores discapacitados” que suman la friolera de 33,7 millones de euros.
En Canarias, se promovió la censura pública sobre las casas de apuestas en la calle, alegando, como afirman los grupos de presión anti juego, que se ubican en zonas estratégicas para captar a los más pobres. Pero el camino parece ir por otro lado: los datos de la Dirección General de la Ordenación del Juego (cuyo lema no podía ser otro que “Jugar bien”) apuntan un claro incremento de los jugadores online. Las estadísticas del primer trimestre de 2021 muestran que la media mensual de cuentas de juego activas es de 1.118.603, lo que implica un crecimiento del 6,42% con respecto al trimestre anterior y una variación anual del 22,73%. La media mensual de cuentas nuevas es de 422.533 usuarios, con un aumento trimestral y anual del 7,92% y 43,51% respectivamente. Es decir, las apuestas parten de la intimidad de los teléfonos móviles de los jugadores, principalmente. Aunque nuestros legisladores, como en la época de la ley seca, se empeñen en alejar estos locales de colegios e institutos, el fenómeno seguirá existiendo.
La normativa recientemente aprobada por el Ministerio de Consumo afecta a una parte, la online, de todo lo que supone el juego de azar y apuestas. Para el juego presencial, como puede ser el de los casinos, hay otro tipo de comercialización regulada por cada comunidad autónoma. El daño principal del nuevo marco se sitúa en las cuentas de los clubes profesionales, ya que no permite el patrocinio de las camisetas y ya ninguna casa de apuestas podrá patrocinar equipos de fútbol. A corto plazo, no va a afectar mucho al negocio, dicen los portavoces del sector, reunido en la patronal Cejuego, pero a la larga vaticinan que crecerá el juego ilegal, que es algo que ya ha sucedido, por ejemplo, en Italia ante medidas similares.
Los portales ilegales, no controlados por el estado, no tienen las mismas limitaciones y, según Cejuego, son los que más pueden crecer con los años en detrimento de los operadores legales. Esto, especulan, puede producirse como consecuencia de que una web no regulada tendrá mejores ofertas para captar jugadores, al no tener que ceñirse a la regulación del gobierno. A su juicio, cerrar locales legales como se hace en Canarias conllevará al aumento del juego ilegal, al igual que ocurrió en Estados Unidos con la ley seca. Los bares venden alcohol y el alcohol está prohibido para los menores; con el mismo criterio, debería ponerse distancia de los colegios a los bares. Aunque en Canarias no se conocen estadísticas al respecto, desde la patronal del juego aportan las de Madrid, donde en 2019 hubo más de 20.000 inspecciones realizadas en casas de apuestas, pero solo se dieron 22 casos de menores, la mayoría por haber presentado un DNI falso a los encargados del local.
Algunos diputados de Podemos, en un momento, llegaron a proponer que se limitase temporalmente la presencia en las casas de apuestas. Es decir, que cada persona tuviese no más que una cantidad de minutos determinada para permanecer dentro. O que se pusiera un tope de dinero para cada jugador. Una tutela casi total, con unas limitaciones impuestas por un burócrata que se siente en condiciones de decir hasta dónde algo está bien y desde dónde pasa a estar mal.
PASEN Y VEAN
Basta con asomarse al sitio web de Loterías y Apuestas del Estado para conocer su variada oferta: bonoloto, la primitiva, el gordo de la primitiva, lotería nacional, la quiniela, el quinigol, el lototurf…
Se anuncia con grandes y llamativos banners el bote de 16,2 millones de la primitiva. Mucho más pequeño y en lo último de la pantalla de inicio (hay que esforzarse para encontrarlo), aparece un enlace casi invisible, “Juego Responsable”: “El Juego Responsable para Loterías es una de las piezas clave de nuestra Responsabilidad Social Corporativa. Por ello hemos definido, dentro de nuestra estrategia de RSC, la promoción del juego responsable como una de las principales líneas de trabajo para prevenir. Este compromiso con el juego responsable se ve reflejado en la implantación de las mejores prácticas de juego responsable en Loterías”. No parece estar muy en línea con las grandes facilidades que tienen para colocar sus productos. Y, una vez más, nos muestra que la RSC es una gran mascarada casi siempre.
Pensemos en que Loterías dispone de un espacio en horario de mayor audiencia en la televisión pública todos los días para dar a conocer los resultados de sus sorteos. Nadie en el ministerio que dirige Garzón se ha preguntado si esto no incita al juego, al parecer. Por otro lado, está el enorme fenómeno sociológico del Gordo de Navidad, jaleado desde medios oficiales sin descanso. Junto con la inmensa cobertura que suscita cada año, desde las millonarias campañas con spot publicitario incluido hasta las retransmisiones maratonianas cada 22 de diciembre en el Teatro Real con los niños de San Ildefonso, a los que no nos consta que se les dé algún tipo de instrucción acerca de los peligros de la ludopatía. Más bien por el contrario, se los ve como portadores de un mensaje de felicidad instantánea para los afortunados bendecidos por las bolas de madera de boj que de los bombos extraen sus puras manos.
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