La isla vive una situación muy delicada en relación con el recurso hídrico, que se ha ido agravando, en un persistente declive, sin que nadie parezca capaz de encontrar una solución.
Las imágenes se volvieron virales de inmediato. El youtuber más famoso del mundo, MrBeast, sorprendió hace pocos días con un vídeo en el que explicaba el enorme éxito del proyecto que ha venido ejecutando en varios países africanos, en los que construyó en muy poco tiempo accesos a agua potable de los que se benefician ahora más de medio millón de personas. Camiones dotados de un taladro gigante se aparecían en barrios, colegios y hospitales de Kenia, Zimbabwe, Uganda, Somalia y Camerún para hacer brotar abundantes chorros de agua de una tierra reseca hasta ese momento. “Son muchos los que piensan que para tener este gran impacto es necesario contar con recursos y financiación de un gran gobierno, pero no es cierto, resolver este terrible problema es posible”, dijo el influencer. La espectacularidad de las escenas puede haber despertado cierta envidia en Fuerteventura, ya que la isla vive inmersa en muy serios problemas de abastecimiento.
Durante los últimos meses, diferentes comarcas del territorio majorero han sufrido severas interrupciones en el suministro de agua (se ha declarado una emergencia hídrica), en parte debido a una avería que afecta a la red de impulsión general de la isla, según las explicaciones del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF). El año pasado, un vídeo donde brotaba un gran chorro de agua al lado de la carretera —al estilo de los de MrBeast, pero sin celebración jubilosa, precisamente— era el resultado de una rotura en la tubería principal de la isla, en la zona de la Hondura, en Puerto del Rosario. Sin ser siempre algo tan llamativo como el de ese caso, lo cierto es que la red de distribución se encuentra en un estado calamitoso y los cálculos extraoficiales señalan que aproximadamente la mitad del agua que transporta se pierde en el camino y no llega al destino previsto.
Fuerteventura tiene 120.000 habitantes y el 70% del agua que se consume depende de una planta desaladora ubicada en su capital, de donde pasa a los depósitos de La Herradura, que se pusieron en marcha a principios de los años noventa. Las averías en la isla tienen su origen en esta infraestructura, aunque se han destinado 3,2 millones de euros para mejorarla y lograr que a los 43.000 metros cúbicos al día que produce se sumen otros 7.200 metros cúbicos. Es agua que tiene que ir al sur, pero se encuentra con el gran caudal de pérdidas y no solo eso, sino que hay sabotajes a la red. Los investiga la Guardia Civil tras una denuncia del propio Cabildo Insular, que sostiene que ha habido manipulaciones en algunas válvulas de depósitos de agua. Más allá de posibles actos organizados o de vandalismo, esto hace aparecer cuestionamientos sobre la seguridad y la integridad de una infraestructura imprescindible para el desenvolvimiento de la vida. Y todo esto en una isla donde las lluvias son extremadamente escasas, con apenas unos 5,5 días al año de precipitaciones, por lo que a diferencia de otros puntos del Archipiélago no se puede contar con este recurso con un mínimo margen de fiabilidad.
Los responsables públicos hablan de inversiones de 240 millones de euros, destinados a renovar las plantas de producción y redes para en una isla que en 2033 se calcula que tendrá 41.077 plazas extrahoteleras y 36.166 hoteleras. Es decir, que 77.243 es el número de personas que pueden pernoctar en las camas turísticas fijas para generar 18.325.826 noches de alojamiento con una ocupación media prevista del 60%. Para 2033, se estima que el 38% del agua de la isla se destinará a atender al turismo y el 41%, para residentes. El golf captará el 10% y la agricultura y ganadería el 10%.
El falso dilema
La cuestión del agua está en el primer plano de los asuntos públicos de Fuer- teventura, como no podía ser de otra manera. Y las lecturas que se hacen son variadas. En unas islas donde algunos tratan de que crezca un sentimiento hostil hacia el turismo, este asunto no podía tardar en aparecer, con falsos dilemas que ponen por un lado el servicio a los hoteles y las zonas costeras donde se recibe a los visitantes y, por el otro, los núcleos poblacionales de la población residente. “Toda el agua para los campos de golf y hoteles, la sed para el majorero”, es el resumen de su postura. Esgrimen entonces un supuesto “derecho al agua” que se ha enunciado en instancias internacionales. El documento seminal de este postulado se llama The Right to Water y fue publicado en 2003 por la OMS y la ONU, entre otros organismos, y sostiene que “todos los pueblos, cualesquiera que sean su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”.
El problema del abastecimiento del agua en Canarias entronca con la misma naturaleza de los isleños como supervivientes ante circunstancias adversas. Con unos recursos hídricos limitados por las características geográficas, la ausencia de ríos llevó históricamente a la busca de agua como una de las prioridades. La iniciativa privada, en especial en islas como las occidentales, se manifestó en historias personales casi heroicas, de gente que con su propio y solitario esfuerzo (y riesgo) financió la construcción de galerías y canales, a veces subiendo a las montañas materiales en burros de carga. Pequeños ahorradores que de esta manera lograban regar sus fincas con las aguas de galerías y de pozos. Las voces que, ante problemas como los que tiene Fuerteventura, alegan por la propiedad pública de este recurso soslayan que la historia no avala sus teorías. Pensemos que en una isla como Tenerife, la eficiencia de los mercados de agua está más que demostrada: en 1930 la isla contaba con escasos cien kilómetros de perforaciones que buscaban el agua en el subsuelo, capaces de aportar unos 600 l/s (litros por segundo). En solo veinte años, la perforación de galerías fue en aumento hasta que al final de dicho período ya se habían perforado algo más de 550km que permitían contar con un caudal total en torno a 2.400 l/s. La minería de agua, llevada por las necesidades del negocio agrícola creciente (el plátano es uno de los grandes demandantes de agua), hizo que en 1970 se superasen los 1.200km perforados, con lo que se ofertaba al consumo insular algo más de 6.000 l/s. Hoy se estima en más de 1.600 los kilómetros perforados en galerías, un admirable queso gruyere que no se percibe desde la superficie, pero del que depende la vida y labores de los tinerfeños.
Si no hubiera existido el incentivo del lucro, no se podría haber aumentado la producción de agua hasta hacerla abundante. El enfoque de “derecho humano” acuático (como lo declaró solemnemente en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas) no solo no combate la escasez de este recurso vital sino que la acentúa, porque deja el problema en manos de la ineficiente administración y su habitual carencia de incentivos para mejorar y ampliar el servicio de abasto. El recurso hidráulico en España, cabe recordar, es un bien de dominio público que incluye lagos, embalses, acuíferos y también las aguas procedentes de desalación, como es el caso de la isla majorera. La gestión está siempre sometida al control de la administración, que fija el precio de acuerdo a los principios de autosuficiencia, establecidos en la normativa de régimen local, y de la recuperación de los costes, según la Directiva marco sobre el agua de la UE, que pretende garantizar su utilización sostenible a largo plazo.
Pero los gobiernos pueden optar por gestionar el servicio ellos mismos o contando con la colaboración de un operador especializado. En Fuerteventura suceden ambas cosas. Conviven dos modelos de gestión, la indirecta, en especial en las zonas turísticas; y la directa, a través del citado consorcio, el CAAF. El mapa del servicio ofrece, en consecuencia, esta dualidad y, durante todos los incidentes sufridos a lo largo del año las mayores penurias se han vivido en las comarcas donde hay gestión directa. Pájara, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y La Oliva casco, todos con gestión directa del CAAF, han tenido problemas de escasez de agua y reciben quejas constantes de los vecinos por las deficiencias del servicio. En zonas turísticas con gestión indirecta a través de concesiones privadas, como Morro Jable, no ha habido esta ineficiencia en el suministro.
Aljibes y desaladoras
Los majoreros más memoriosos recordarán que hasta la llegada de cubas en barcos en los años sesenta cada casa tenía su aljibe y el recurso se cuidaba como si fuera oro. En los años setenta y ochenta hicieron su aparición las desaladoras, una tecnología que se había estrenado en España en la vecina isla de Lanzarote, cuando en 1964 se instaló la primera de ellas, con una producción de 2.500 m3/ día de agua potable. Hoy, Canarias cuenta con 281 plantas desaladoras en la provincia de Las Palmas y 46 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que sumadas representan casi la mitad del total de España. Su introducción en Fuerteventura hizo que comenzase a circular el agua corriente, lo que para la época marcó el comienzo de una nueva era.
El suministro fue acompañando el crecimiento de la población de la isla, incluso durante los períodos en que atraía miles de nuevos residentes de la Península o del exterior. Pero desde hace unos ocho años las cosas empezaron a ir de mal en peor y surgieron problemas de desabastecimiento de manera creciente. El CAAF es un pequeño elefante en la administración de la isla, con más de un centenar de trabajadores en nómina y un presupuesto que iguala al del ayuntamiento de La Oliva, el segundo en importancia tras la capital. Su trabajo se divide entre la producción, a través de tres plantas desaladoras en Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal, y la distribución del recurso hídrico. La subida de precio de algunos suministros en los últimos años ha afectado el coste operativo del CAAF, baste con puntualizar que hasta 2021 dedicaba unos 5 millones de euros a la compra de energía y que ahora esa factura eléctrica ha trepado hasta los 18 millones de euros. La rentabilidad no es uno de sus fuertes del consorcio, porque los 12 millones que se facturan al año entre los abonados no llega a cubrir siquiera ese insumo energético.
El problema de las pérdidas de agua es algo así como un tabú del que se habla bastante, pero se precisa poco. El periodista majorero Janey Castañeira cita fuentes internas del consorcio para cifrar en un 20% el agua que se pierde por roturas en la distribución, en un 15% la que es objeto de robos o conexiones irregulares y otro 15% la que “desaparece” en su paso a través de contadores obsoletos. Sucede que las pérdidas de agua no son necesariamente fugas, sino que es un valor estadístico que se obtiene al establecer la diferencia entre la producción de agua y su facturación posterior. Así es como una cosa es el volumen de agua que produce el consorcio y otra bien distinta el volumen por el que finalmente se paga a través del recibo. Por ejemplo, entre 2016 y 2017, la producción del CAAF fue de 10,6 millones de metros cúbicos, aunque la facturación de agua solo alcanzó 5,4 millones. Más cerca en el tiempo, ya con una producción de 12 millones de metros cúbicos (periodo 2020-2021) el dinero que pagaron los abonados solo fue el equivalente a 6,3 millones de metros cúbicos, la mitad de la producción. ¿Adónde ha ido a parar ese enorme volumen de agua? Se ha perdido. Además, la fuga se refleja de manera contable con un déficit varias veces millonario, lo que habla del estado ruinoso del consorcio.
Al frente de la administración del CAAF se han sucedido responsables de todos los pelajes políticos, ya que el presidente es el mismo que ocupa el sillón más importante del Cabildo, pero la situación se ha ido agravando, en un persistente declive, sin que nadie parezca capaz de encontrar una solución. Las penurias de los majoreros en relación con la escasez de agua están lejos todavía de retrotraer la situación a la vivida por sus antepasados, pero el empeoramiento vivido en los últimos años no parece augurar mejores perspectivas en el corto ni en el medio plazo.
