Canarias es una región excepcional pero también es una excepción dentro de la Unión Europea. Una frontera fiscal llamada AIEM levanta un muro dentro del mercado, teóricamente, único que se sustenta sobre el pilar la libertad de circulación de mercancías, personas y capitales.
El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) nació en 2002 con una justificación bientencionada sobre el papel: proteger a la industria local frente a las grandes corporaciones. Pero como bien advertía Henry Hazlitt en su clásico Economía en una lección, las buenas intenciones en política económica suelen tener consecuencias negativas no deseadas, especialmente cuando se ignoran los efectos a largo plazo o los impactos sobre terceros no previstos inicialmente.
Más de veinte años después, sus efectos confirman las críticas que en su momento algunos se atrevieron a hacer: precios inflados, consumidores penalizados, empresas innovadoras castigadas y un sistema que protege privilegios en lugar de la producción.
Ahora, con el reloj europeo en marcha –antes del 30 de septiembre de 2025 España debe justificar ante Bruselas si este régimen tiene sentido–, es hora de abrir el melón. Porque su resultado empobrecedor es, en realidad, la parte visible del proteccionismo, una idea venenosa que arraiga bajo la promesa de la protección de lo propio para terminar condenado a la pobreza a toda la sociedad.
¿Qué es el AIEM y cómo se aplica realmente?
El AIEM es un arancel indirecto estatal que solo se aplica en Canarias. Grava productos importados –incluso desde la Península– cuando existen equivalentes de producción local. Aunque legalmente se articula sobre una lista de 156 partidas arancelarias, en la práctica se desglosa en más de 1.300 referencias gravadas, incluyendo 955 relacionadas con alimentación y bebidas.
Se aplican tres tramos principales: el 5%, el 10% y el 15%, con un 25 % reservado a casos excepcionales. Por ejemplo, el vino peninsular paga un 10%, el café tostado un 15%.
Casos como la papa y la cebolla, productos esenciales en la dieta canaria, pagan un 15% si se importan. Lo mismo ocurre con ropa de cama, textiles o ciertos quesos frescos. Paradójicamente, ni siquiera toda la industria local se beneficia: un productor de ron debe pagar AIEM por importar vidrio, etiquetas y cartón.
Pero el coste del arbitrio se multiplica más allá de los porcentajes porque se calcula sobre la base del CIF (Cost, Insurance, and Freight), que incluye el coste del producto, el flete y el seguro. Pero también se suma el despacho, el IGIC, y luego sobre eso se aplica el arbitrio. Es decir, el arbitrio no es solo sobre el valor del producto, sino sobre todo el coste de traerlo.
Hace cinco años el gobierno amplió este listado de la vergüenza y mantuvo los criterios de “inclusión”: se grava si hay producción local con una cuota de mercado mínima del 5%, competencia de importaciones del 10% y costes adicionales vinculados a la insularidad. En teoría, un sistema pensado para compensar desventajas. En la práctica, una barrera proteccionista que encarece el acceso a productos básicos.
Curiosamente, muchos de estos productos no se fabrican en Canarias o su capacidad de producción local es residual. Pero siguen pagando arbitrio. Porque el listado lo deciden comités técnicos y “diálogo” con los sectores que actúan como grupos de interés.
Voces canarias contra el AIEM
Laura Galarza, presidenta de la empresa canaria Galaco, relaciona que Canarias tenga la cesta de la compra más cara de España con el AIEM. Y lo dice con conocimiento de causa. Galaco ha sido pionera en importar productos a Canarias desde hace más de 40 años. Su empresa ha contribuido decisivamente a diversificar el mercado isleño, acercando a los consumidores canarios alimentos, bebidas, productos de higiene y menaje de todo el mundo. Hoy muchos de esos productos pagan entre un 5% y un 25% extra por el simple hecho de venir de fuera a diferencia de lo ocurría en el mayor momento de dinamismo de las islas cuando sus puertos francos se convirtieron en puerta de entrada de productos que podían adquirirse a bajo precio y que, incluso, era imposible encontrar en la península.
Esa subida de precios tiene efectos directos en el comportamiento del consumidor. “El AIEM encarece tanto los productos que al final los consumidores no pueden permitirse las marcas originales y se ven obligados a recurrir a las marcas blancas. Y muchas veces esas marcas blancas no cumplen los mismos estándares de calidad, o simplemente no son lo que la gente quiere comprar”, denuncia Galarza al reflexionar sobre el empobrecimiento que está generando el proteccionismo condenando a la gente a consumir únicamente marcas blancas por necesidad, no por voluntad.
De hecho, si el precio no fuera el factor determinante, la mayoría de consumidores elegiría la marca original. No sólo es sentido común, varios estudios confirman esta tendencia de consumo y, en igualdad de precio, alrededor del 90% de los consumidores se quedaría siempre con la original mientras que las blancas sólo suman cuota de mercado al ritmo que marcan las crisis económicas. Al fin y al cabo las marcas blancas sobreviven gracias a esa distorsión económica inducida, pero no suelen innovar ni invertir en desarrollo de producto. Se limitan a imitar. Y ese empobrecimiento del mercado afecta no solo a la oferta, sino también al dinamismo empresarial y a la calidad general del consumo.
“El 99% de los canarios no sabe que paga el AIEM cada vez que compra algo”, insiste Galarza. Ese es quizás el gran éxito del arbitrio: su invisibilidad. No hay una referencia en el ticket ni en el precio final. Solo un sobreprecio que se diluye entre el transporte, la inflación y el margen comercial. La responsabilidad del político se diluye y los consumidores, a quienes se les niega esta información, cargan contra el eslabón más débil que puede ser el vendedor o el distribuidor.
Además, el AIEM complica innecesariamente la vida administrativa de las empresas: “Si tú no pones el código exacto, o no lo tienes claro, y no es el que está en el listado, te aplican el tipo más alto. Luego tú tienes que reclamar. Y eso lleva un trabajo y un tiempo, que muchas veces no compensa” denuncia también la presidenta de Galaco, quien debe lidiar en su día a día con esta carga.
Alexis Amaya, fundador de Dormitorum, relata como su empresa pagará 800.000 euros este año solo por ese concepto. Para fabricar colchones pese a que la producción canaria no da a basto para satisfacer la exigente demanda local que requieren los establecimientos hoteleros.
Amaya ha calculado que “una familia media paga mil euros al año en sobrecostes derivados del AIEM” y denuncia que “es como un segundo salario mínimo, pero encubierto. No importa si estás en paro, jubilado o eres mileurista: si compras, pagas.”
Desde su programa The Alexis Army, Amaya ha utilizado el humor, la divulgación económica y el activismo empresarial para sacar a la luz las contradicciones del sistema. Ha escrito columnas en medios y ha pedido públicamente la eliminación del AIEM.
Amaya insiste en que este impuesto distorsiona el tejido empresarial y genera desventajas competitivas para los emprendedores canarios que dependen de insumos o productos de fuera. “Al final, el consumidor paga más y las empresas pequeñas pierden, solo ganan unos pocos fabricantes protegidos.”
Sebastián Grisaleña, expresidente de la patronal de pymes, fue de los pocos que levantó la voz en 2002. Hoy, repasa el balance con amargura preguntándose qué ha conseguido el AIEM y responde que “menos industria, menos empleo, más precios… Y una recaudación que no para de crecer”.
El Colegio de Economistas de Las Palmas publicó un informe demoledor que analizaba los primeros 20 años del arbitrio: el peso de la industria en el PIB ha caído del 5,1% al 2,8%. El empleo, un 36% menos. Las empresas, un 20% menos. Y mientras tanto, las importaciones gravadas por el AIEM han aumentado. Se importa más. Se produce menos. Se paga más.
Y hay un detalle que indigna especialmente a quienes conocen el sistema por dentro: el AIEM tenía un tope de recaudación legal. Un límite alrededor de los 150 millones. Estaba diseñado para proteger, no para convertirse en una máquina fiscal. Pero el Gobierno de Canarias lleva años saltándoselo. En 2022 ya recaudó 231 millones. En 2023 se rozaron los 270. Y en 2024, según advierte el propio Grisaleña, la cifra podría alcanzar los 300 millones. El contribuyente no puede permitirse equivocarse al cumplimentar un formulario mientras los políticos pueden saltarse las normas que expolian a sus gobernados. Y no pasa nada.
Trump estaría orgulloso de los políticos canarios
La incoherencia moral del AIEM se vuelve todavía más grotesca cuando se compara con los discursos oficiales. En 2020, el entonces presidente de Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO), Juan Jesús Méndez, advirtió que si Donald Trump aplicaba el arancel al vino europeo, “se acabó”. El sector vitivinícola canario expresó su indignación y pidió protección diplomática y comercial. Pero nadie pareció ver la paradoja: el vino riojano o manchego que entra en las islas paga ya un 10% por el AIEM, y eso se defiende con orgullo en el Parlamento autonómico.
Así, mientras se critica el proteccionismo estadounidense se mantiene uno interno que rompe el mercado común europeo. O estamos a favor del libre comercio, o no lo estamos. Pero lo que no es razonable es exigir trato justo fuera de nuestras fronteras y aplicar impuestos injustos dentro.
Los aranceles protegen al fuerte, penalizan al eficiente, y asfixian al pequeño. Todo en nombre de una industria que en las islas apenas representa el 5% de su Producto Interior Bruto y que, si fuera competitiva, no necesitaría protección, sólo competir libremente y demostrar lo mucho que aporta.
El arbitrio afecta a sectores esenciales como el sanitario, la alimentación o el equipamiento básico para la vivienda. Productos tan cotidianos como los cepillos de dientes, detergentes, utensilios de cocina o colchones pueden verse gravados por este sistema. La paradoja es que, en lugar de beneficiar a los más desfavorecidos, termina castigándolos.
La situación resulta aún más preocupante si se compara con otras regiones ultraperiféricas de la UE. Madeira o Azores, por ejemplo, cuentan con esquemas de apoyo productivo sin imponer aranceles internos. ¿Por qué Canarias debe mantener un sistema tan regresivo cuando existen alternativas más eficaces y menos distorsionadoras?
Bruselas debe escuchar el llanto por Canarias
La Comisión Europea exige un estudio completo sobre el AIEM para mantener la excepción. Antes del 30 de septiembre de 2025, España debe presentar un informe de seguimiento sobre el funcionamiento del AIEM entre 2019 y 2024. El documento debe incluir información sobre los costes adicionales de producción, los efectos del arbitrio en el mercado, y propuestas de reforma o alternativas. Bruselas evaluará si el régimen sigue siendo proporcional, si cumple los objetivos para los que fue creado y si existen mecanismos más adecuados para apoyar el desarrollo económico de las regiones ultraperiféricas.
Bruselas también obliga a recoger las opiniones de consumidores, operadores económicos, asociaciones empresariales y cualquier parte interesada. Es una oportunidad histórica para que la sociedad canaria -que es mucho más que los intereses creados por un grupo de productores locales- rompa el silencio y exija transparencia, eficiencia y libre mercado. Está muy bien exigir libre comercio a Estados Unidos pero tal vez deberíamos empezar por barrer la propia casa antes de ponernos estupendos con los demás.
Partiendo de la base de que el proteccionismo nunca es la solución y una vez se han confirmado los efectos empobrecedores del AIEM para toda la sociedad, ¿qué sentido tiene mantener el AIEM?
En teoría el objetivo del arbitrio no es recaudatorio pero si fuera así el gobierno canario lo tendría fácil: devolver a la sociedad los 300 millones extra de recaudación. Porque si no, además de distorsionar el mercado con este impuesto encubierto vuelve a alterarlo a través del reparto de recursos diseñado con la fatal arrogancia del planificador que denunciaría el economista Friedrich Hayek.
Cuando se aprobó el AIEM, Joaquín Galarza, el fundador de Galaco, escribió un artículo titulado “Llanto por la tierra amada” que se publicó en la prensa local. Sus palabras denunciaban un nuevo impuesto que sería “un desorbitado incremento de la presión fiscal indirecta” que pagarían los consumidores “en beneficio de determinadas industrias”. Advertía además que se estaba introduciendo una estructura fiscal regresiva y poco transparente que dificultaría el desarrollo económico real del archipiélago.
Tras su muerte y más de veinte años después, su llanto está más justificado que nunca y la sociedad canaria debería unirse para reclamar que se devuelva la prosperidad que tuvo Canarias gracias al libre comercio y que los políticos le han ido arrebatando. Hoy los ciudadanos canarios tienen la palabra. Bruselas les escucha. Es hora de elegir entre proteger el privilegio o liberar el mercado.
