Desde uno y otro lado se minimizará la importancia del desacuerdo o se la ampliará aduciendo que nunca antes había ocurrido, pero el hecho de que el Parlamento de Canarias no votase de manera unánime sobre uno de los aspectos más importantes del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias sienta un precedente. Ocurrió entre brindis y turrones, el pasado 27 de diciembre y el motivo de la discrepancia fue el período de vigencia de la Zona Especial Canaria (ZEC), del que la cámara regional debía emitir –contra reloj, porque al día siguiente se adoptaría en Madrid el acuerdo en el Consejo de Ministros– un dictamen de carácter no vinculante pero preceptivo, como también sobre otros dos aspectos, que no suscitaron, en cambio, desacuerdo.
La ampliación de los plazos para materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), así como el de las inscripciones en la ZEC, hasta el 31 de diciembre de 2023, no fueron conflictivas y contaron con el respaldo unánime de todos los grupos. Pero la ZEC seguirá vigente, de momento, solo hasta 2027, que era la intención del Ministerio de Hacienda, a la que se plegaron los grupos que respaldan al Ejecutivo canario. La diferencia de dos años –la oposición quería que fuese hasta 2029– no es baladí, porque las empresas que se inscriban hasta el 31 de diciembre de 2023 acordado, solo tendrán cuatro años de disfrute de las ventajas fiscales como la reducción al 4 por ciento del Impuesto sobre sociedades, cuando hasta ahora siempre este tiempo había sido de seis años, lo que sin dudas puede llegar a reducir el atractivo hacia las compañías que puedan llegar a acogerse a este instrumento especial de Canarias.
Comoquiera que se plantee en términos políticos esta situación, lo cierto es que cada vez que se suscitan dudas, o más aun en este caso, falta de acuerdo entre legisladores, acerca de los instrumentos de la fiscalidad canaria se está enviando una señal confusa o directamente negativa de cara a los inversores. No está, precisamente, Canarias sobrada de estos, en especial, de capital extranjero. Las últimas cifras así lo reflejan, porque los más recientes datos hechos públicos por la Secretaría de Estado de Comercio detallan que España recibió durante los nueve primeros meses del año pasado un total de 12.357 millones de euros en inversión extranjera, de los que apenas 41 millones han tenido a Canarias como destino.
Son números escuálidos que siguen la estela de los períodos precedentes, como hemos dado cuenta en La Gaveta Económica en reiteradas ocasiones. Para expresarlo de un modo más gráfico, podríamos decir que solo 3 de cada 1.000 euros que llegan a España tienen como destino las Islas. No es, evidentemente, un lugar que seduzca mucho a la hora de hacer negocios, al menos en comparación con otras regiones del país. Madrid, por otra parte, continúa con el liderazgo que antes tenía Cataluña y 63 de cada 100 euros de inversiones se dirigen a la capital de España.
Es por ello que cobra sentido la cuestión de la falta de unanimidad política y de la concesión acerca del plazo de vigencia de la Zona Especial. Más si cabe al tener en cuenta que la crisis económica derivada de la pandemia es más general y caótica en las Islas que en otros territorios, como lo reconoce el propio Gobierno nacional, al tener tan alta dependencia de un sector servicios fuertemente participado por el turismo.
La existencia de la ZEC –así como de la RIC o DIC (Deducción por Inversiones de Canarias)– dentro del régimen especial de Canarias se ha justificado siempre como una compensación por el sobrecoste que propicia la lejanía y una manera de mantener así a las Islas en el mapa inversor. Pensemos que fue otra devastadora enfermedad, la epidemia de cólera morbo que sufrió el Archipiélago en 1851, la que abrió la puerta a la declaración de puertos francos en 1852 promulgada por el ministro Juan Bravo Murillo. Aquella circunstancia permitió un florecimiento del comercio que fue durante décadas el santo y seña de Canarias y que la colocó en cierta medida como un rincón de mayor modernidad que la que podía tener buena parte del territorio continental.
Hoy, los números positivos son esquivos, con la tasa de desempleo más elevada, la mayor proporción de trabajadores que permanecen afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y en la que solo cuatro de cada diez jóvenes menores de 30 años consiguen un empleo. La falta de consenso sobre esta vigencia de la ZEC se suma a algunos episodios anteriores, como fue la decisión de incrementar el tope de la devolución fiscal a los rodajes internacionales en territorio peninsular y las Islas Baleares, que constituía un agravio comparativo y que ha motivado un recurso al Tribunal Constitucional. Del mismo modo cabe encuadrar esto con aquella propuesta del Gobierno a Bruselas de crear un impuesto que grave las emisiones de gases nocivos que genera la aviación y que no exceptuaba a las Islas, que solo pueden comunicarse por avión o, mucho más minoritariamente, por barco.
Un buen antecedente, empero, puede ser el acuerdo para excluir a Canarias de la tributación mínima del 15 por ciento del impuesto sobre sociedades, gracias a un acuerdo alcanzado en Madrid por Nueva Canarias con el PSOE (sirva esto, además, como ejemplo de los peligros que entrañan las llamadas “armonizaciones” fiscales, que destruyen incentivos para la competencia en el campo tributario). Cada vez que se obvian los preceptos del REF, los gobernantes y los legisladores están incumpliendo una norma aprobada en las Cortes españolas que tiene rango especial, porque está en un estatuto y eso la convierte en “una ley plus”, como le gusta decir a Salvador Miranda, especialista en la excepción canaria. El reciente nombramiento del palmero Héctor Izquierdo como secretario de Estado de Hacienda, un hombre con experiencia en el ámbito privado –algo raro en el gobierno actual– puede ser una señal positiva, sin embargo. Su designación no fue saludada de forma elogiosa por algunos medios de comunicación de Madrid, que censuran su falta de experiencia en asuntos tributarios, precisamente en el departamento que tiene sobre su mesa una de las tareas más ambiciosas y problemáticas de esta legislatura, como es la reforma fiscal. Pero, desde una óptica insular, el prisma con el que se mire su gestión puede ser diferente, si logra al fin y al cabo convertirse en un buen intérprete que traduzca a los no siempre bien informados burócratas y hacedores de normas en la metrópoli cuáles son las particularidades que, por ley, rigen en Canarias. Su papel, en ese caso, puede llegar a ser mejor y más relevante que el de algunos de los meros conseguidores canarios en Madrid tan elogiados en tiempos pasados.
Consiga acceso al contenido completo:
