En cualquier debate los defensores de un Estado más intervencionista toman como ejemplo el caso de Suecia como paraíso socialdemócrata al que España debería parecerse. Según este argumentario que repiten una y otra vez, nuestro país necesita más impuestos para poner en marcha más servicios públicos y más funcionarios con lo que se conseguiría llegar a los niveles de renta suecos debido a los efectos multiplicadores del gasto público y el desarrollo que permite. Basta fijarse en su producto interior bruto (PIB) per cápita que, prácticamente dobla al español y su nivel de desempleo ronda el 7%. ¿A quién no le gustaría parecerse a Suecia?
La receta parece sencilla aunque los ingredientes que nos proponen están equivocados. Lo cierto es que el modelo sueco es menos socialista de lo que gustaría a los intervencionistas españoles e incluso más liberal que muchos de nuestros políticos que así se declaran. Las comparaciones son odiosas pero entre las estadísticas que no interesa declarar es que las cuentas públicas del país nórdico están mucho más saneadas que las nuestras: su deuda pública representa un 30% de su PIB mientras la nuestra supera el 110% al tiempo que sus cuentas anuales tienen superávit mientras que las españolas vienen encadenando déficits desde el 2008. Por si no fuera suficiente estas cuentas balanceadas no se deben a unos impuestos mucho más elevados que los españoles pues, por ejemplo, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades de Suecia es del 19,7% frente al 23,3% en España -sí, el que grava a las malvadas empresas capitalistas- y ambos países tienen un gasto público similar que ronda el 50% del PIB. Por supuesto no cargan a su población con tributos arcaicos e injustos como los de patrimonio y sucesiones que sí perviven en España e incluso hay quien defiende endurecerlos. Los servicios públicos suecos como la Sanidad tienen copagos, su sistema de pensiones mixto es sostenible, el sistema educativo se basa en el modelo de cheque escolar para financiar los centros en base a las preferencias de los padres y tan solo el 1% de sus empleados públicos tiene el estatus de protección laboral que tienen nuestros funcionarios. ¿Dónde hay que firmar?
Un equívoco que consigue sobrevivir porque, como Hans Rosling explicó en su libro Factfulness, muchos de los conocimientos que tenemos como ciertos están en realidad desfasados varias décadas ya que la gente conserva “una visión del mundo propia de la época en que sus profesores habían dejado el colegio”. Así, lo que nos enseñaron en la escuela como cierto no es que no lo fuera en ese momento sino que se fundamentaba en lo que habían aprendido esos profesores y no se habían molestado en actualizarse. Solo así puede explicarse que nadie sea capaz de rebatir que Suecia ya no es lo que era y que, desde los años noventa, los suecos emprendieron una gran liberalización que ya nos gustaría en España para paliar la profunda crisis en la que había entrado un modelo de estado insostenible. Lo que ha ocurrido desde entonces ya no interesa aunque sea una lección que debería haber servido para tomar ejemplo y no llevar al límite a la economía española.
Pese a estas evidencias, el problema de la izquierda española es que se hace la sueca planteando políticas de mayor descontrol presupuestario que se han puesto en práctica en países como Argentina esperando resultados como los de Suecia en lugar de fijarse en lo que han hecho los países nórdicos ante el fracaso de la socialdemocracia posterior a la Segunda Guerra Mundial para tratar de aplicarlo en España y solucionar así problemas estructurales como el del desempleo o la escasa productividad de nuestra economía lastrada por un Estado excesivamente intervencionista.
