España luce bien en el escaparate gubernamental de las grandes cifras macroeconómicas. El PIB avanza, el empleo resiste y los portavoces se felicitan a sí mismos apoyándose en gráficos de colores.
Pero la trastienda esconde una realidad muy dura para la parte productiva de la sociedad. Mientras buena parte de los españoles viven pendientes de lo que se pública en los boletines oficiales para mantener sus prebendas, otros tienen que trabajar y pagar impuestos. Más de la mitad del año según el informe sobre el día de la liberación fiscal que, ya se ha retrasado hasta el 18 de agosto. Es decir, los españoles tenemos que trabajar 228 días al año sólo para pagar impuestos. De media, claro, porque los hay que pagan impuestos mientras otros viven de ellos.
Este nuevo rentismo que vive de lo público se da entre trabajadores -empleados públicos improductivos e inactivos que pudiendo trabajar no lo hacen- y los mal llamados empresarios cuyas empresas tendrían que cerrar sin la inyección que reciben de los fondos públicos. Todos se aprovechan del sistema para vivir de lo ajeno pero los empresarios pervierten la naturaleza misma de la función empresarial convirtiéndose en tentáculos de la administración, delegados que mantienen la apariencia del capitalismo pero que en realidad son producto de la intervención y la planificación más rancia.
Esta España a dos velocidades no solo divide a la sociedad entre productivos y rentistas, ha creado un mercado laboral donde los incentivos están trastocados. Las regulaciones laborales, pensadas para proteger, acaban asfixiando a negocios que intentan crecer sin el amparo de subvenciones o contratos públicos. Mientras, los jóvenes cualificados se topan con un panorama donde el mérito compite contra el enchufismo y las redes clientelares. El resultado es una economía que premia la obediencia burocrática por encima de la audacia emprendedora. Las empresas que deberían ser el motor del crecimiento se ven obligadas a destinar recursos a navegar en un laberinto de normativas, en lugar de innovar o contratar talento. Esta rigidez no solo frena la creación de empleo, sino que perpetúa un sistema donde el éxito depende más de la proximidad al poder que de la capacidad de generar valor.
En el corazón de esta dualidad late un clientelismo que se ha enquistado en la política y la economía. Los fondos públicos no son un instrumento para el bien común sino la moneda para comprar lealtades. Comunidades autónomas, asociaciones sectoriales y lobbies bien conectados compiten por su trozo del pastel, mientras los contribuyentes comprueban cómo sus impuestos alimentan un sistema que los ignora. Cuando el acceso a recursos depende más de contactos que de méritos, se genera una economía de favores que castiga a quienes juegan limpio.
No importa que el Parlamento no apruebe presupuestos porque el maná que llega de la Unión Europea se gasta a discreción y de forma arbitraria para favorecer a ciertos sectores y grupos de presión que mantengan la paz social. Un chorro de dinero que desestabiliza la economía y ha invertido los incentivos que hacen que los mercados puedan funcionar, premiando a las empresas que son útiles y castigando a las que no lo son.
Cada euro que se dirige a sostener negocios que no se sostienen solos es un euro que no financia a quien sí compite. No es sólo el coste fiscal, es el coste de oportunidad. El talento se redirige a redactar memorias, ingenieros ocupados en certificaciones que nadie leerá, abogados de oficio permanente en el arte de cumplir pliegos imposibles. Y así se cocina una economía con ingredientes de mala calidad, que llenan mucho pero alimentan poco. Una dieta alta el colesterol (del malo) que sólo puede desembocar en una enfermedad cardiovascular.
El resultado es una estructura orientada al presupuesto público que deja poco margen a la innovación y al dinamismo. Los grandes expertos pueden darle vueltas a por qué la productividad se ha estancado en España y por qué el poder adquisitivo no deja de caer pero mientras que no arregle este gran desajuste entre sociedad productiva y rentista no habrá solución posible.
Así, dependiendo a quién se pregunte, las cosas parece que van muy bien… o muy mal. Una España a dos velocidades que obliga a muchos a arrastrar los pies porque sobre sus hombros tienen que soportar el peso de los improductivos. Cada nómina que un empresario paga a un trabajador tiene que mantener a un pensionista y a un parado. Y así no hay empresa que pueda salir adelante.
