Tras años de avisos y amagos el Tribunal Constitucional ha terminado por declarar inconstitucional lo que se conoce como “plusvalía municipal”. Este impuesto, que en realidad pretende gravar el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), basaba su aplicación en un cálculo casi esotérico en el que el contribuyente siempre salía perdiendo, incluso en los casos en los que había vendido una propiedad a pérdidas. Un latrocinio amparado por leyes claramente ilegales que servían para inflar las arcas municipales a costa de los ciudadanos.
Si bien era evidente que se trataba de un impuesto confiscatorio e irreal lo que se pone de manifiesto en esta sentencia es la reticencia del Alto Tribunal a ir en contra de los intereses del Estado, del que forman parte y al que deben sus nombramientos y sueldos. Los retrasos para concluir que “aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad” tan solo obedece a esta alineación de intereses, como confirman los votos particulares de los magistrados que pretendían que se continuara robando a los contribuyentes hasta que los legisladores cambiaran la norma con un nuevo cálculo compatible con la Constitución. Y si quedaba algún género de dudas la sentencia impedirá que los españolitos que hayan pagado de más no puedan reclamar lo que se les ha sustraído ilegalmente, todo por no poner en peligro las arcas públicas municipales.
De esta forma al latrocinio institucionalizado se suma la ignominia de que la víctima debe de preocuparse por el bienestar del malhechor. Si alguien dudaba de que el Estado es una maquinaria de extorsión a sus ciudadanos aquí está la prueba. Basta con imaginar el caso contrario, ese en el que a un contribuyente se le pasa hacer la declaración de la renta porque hasta ese momento había estado exento o comete un error rellenando alguno de los tediosos formularios tributarios. Efectivamente, aunque Hacienda llame a su puerta con una carta certificada cuatro años más tarde le exigirá el pago de impuestos, los intereses y una multa. Sin juicio y sin consideración por las cuentas bancarias de ese pobre ciudadano harto de pagar y pagar todo tipo de tributos para que políticos, funcionarios, interinos, agencias, empresas públicas, subvencionados y demás personas acostumbrados a vivir de lo ajeno puedan seguir haciéndolo. Ahora bien, cuando un impuesto se declara abierta y notoriamente ilegal no hay reclamación ni restitución posible.
Y no la hay porque no quieren. Puestos a idear formas imaginativas de torcer las leyes podrían exigir a los legisladores que definieron y mantuvieron semejante fraude institucional que respondieran patrimonialmente de sus acciones y omisiones. Que por una vez los políticos asumieran las consecuencias de sus ilegalidades en un caso en el que además el Tribunal Constitucional viene exigiendo reiteradamente un cambio normativo. Pero eso no ocurrirá pues como es sabido entre bomberos no se pisan la manguera y el entramado estatal es tan amplio que al último que se protege es al ciudadano de a pie que debe conformarse con votar cada cuatro años. No, en lugar de eso se afanarán en rediseñar un nuevo impuesto -para esto sí que son ágiles- con el que continuar expoliando a los contribuyentes en lugar de controlar la graciosa facilidad con la que se lo gastan en su propio bienestar, el del Estado.
Es el momento de cuestionarse qué otros impuestos son también ilegales y por qué estamos obligados a pagarlos puntualmente cuando tenemos la confirmación de que en caso contrario jamás nos devolverán nuestro dinero. Son ladrones y deberíamos tratarlos como tales.
