A los liberales no nos gustan los pasaportes, tampoco los sanitarios. A la cuestión técnica -no son útiles- anteponemos la moral: son discriminatorios y por tanto inadmisibles. O lo que es lo mismo, aunque un solo experto lograra demostrar que allí donde se exige el pasaporte COVID la pandemia tiene una incidencia menor deberíamos oponernos igualmente. Vacunarse o no hacerlo es una opción personal, pero es que además las vacunas actuales contra el coronavirus no impiden el contagio ni la transmisión, exigir el historial de vacunación no garantiza nada salvo una muestra más de control social al tiempo que los políticos pueden sacar pecho de que están tomando medidas, aunque sean inútiles.
Tan inútil como empeñarse en controlar las horas a las que se puede salir de casa o el número de personas que pueden entrar en nuestro hogar. Lo mismo ocurre con el control de aforos o limitación de actividades económicas. En la práctica el virus afecta a nuestro organismo, no a la actividad que desarrollamos. Prohibir o limitar actividades económicas tan solo generará más pobreza y, además, no detendrá la expansión de la pandemia. ¿No han creado ya suficiente miseria? La situación es especialmente grave en zonas turísticas como es el caso de Canarias donde se va camino de perder también esta campaña de invierno. La recuperación, si es que llega, llegará demasiado tarde para muchos.
Los confinamientos y otras restricciones a la movilidad pudieron tener sentido en una fase inicial de la pandemia, cuando no había margen para preparar el sistema sanitario y se desconocía casi todo del virus. Pero dos años después, vacunas mediante y tiempo suficiente para haber tomado otras medidas como ampliación de número camas, compra de equipos de protección o cualquier otra cuestión, nos encontramos ante un problema político pero no de salud pública: si no se han destinado más recursos para mejorar la sanidad es porque se ha optado por dedicarlos a otras cuestiones. En cualquier caso los ciudadanos y muy particularmente aquellos que tienen empresas no pueden cargar con las consecuencias de la mala gestión política. Nada ni nadie podrá compensar el daño que estas decisiones arbitrarias están haciendo a sus cuentas de resultados y, lo que todavía es peor, a su salud mental.
Los políticos adictos al decreto suponen ahora mismo un mayor problema que el propio virus. Solo las personas cuyo trabajo no depende de la actividad productiva -políticos, funcionarios y jubilados- pueden aplaudir este tipo de medidas liberticidas. Hasta ahora los cierres, confinamientos y cuarentenas no les han afectado, ni su puesto de trabajo ni su sueldo dependen de su productividad. Creen, equivocadamente, que sus pagas no provienen del trabajo de los demás y que podrán seguir cobrando impuestos aun en el caso de que las empresas estuvieran cerradas. Acostumbrados a una seguridad irreal -un puesto de trabajo garantizado de por vida, salarios que nunca se recortan, etc.- están completamente desacoplados del mundo real. Pero es un espejismo y la vida está repleta de riesgos e incertidumbres, también en forma de enfermedades. Pero eso es lo que implica estar vivo, lo contrario es aspirar a una muerte en vida, a la ausencia de la libertad sacrificada en el altar del falso dios de la seguridad.
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