¿Qué balance hace de los últimos cuatro años en Canarias?
Sin duda, esta ha sido la legislatura más complicada para la Comunidad Autónoma de Canarias en toda su historia. El impacto de la covid-19 provocó un cero turístico que implicó un retroceso sin precedentes del PIB y del empleo en Canarias durante el año 2020.
Pero también hay que reconocer que se ha dado una respuesta extraordinaria a esta situación, basada en dos ingredientes fundamentales. En primer lugar, la unidad de acción y la coordinación entre los agentes sociales, los partidos políticos, las organizaciones sin ánimo de lucro y las administraciones locales con el Gobierno de Canarias. En segundo lugar, la apuesta decidida por el estado de bienestar y el despliegue de una red de protección social como nunca se había ideado.
Fruto de esa respuesta, a comienzos de 2022 disfrutamos de cifras de empleo récord en la historia económica de Canarias (con casi un millón de ocupados), de registros de desempleo y de tasa de paro no vistas en los últimos quince años, con datos de exportaciones, inversión extranjera directa o gasto turístico también de récord y con un crecimiento de nuestro PIB que ha alcanzado registros históricos.
A su juicio, ¿cuál cree que es el principal problema económico de las Islas?
Creo que existe bastante consenso en considerar el lento avance o estancamiento de la productividad como el principal problema de la economía canaria. Un problema que es estructural, pues se prolonga durante los últimos 30 años.
El estancamiento de nuestra productividad explica la inexorable divergencia de Canarias en PIB por habitante respecto a la media española, nuestros salarios más bajos, nuestros mayores índices de pobreza. En definitiva, gran parte de nuestros principales problemas socioeconómicos derivan del mal comportamiento de nuestra productividad.
A principios de este siglo, Canarias había logrado converger en PIB per cápita con el resto del territorio nacional, pero en los últimos años se ha agudizado el rezago. ¿A qué es debido? ¿Cuál cree que sería la principal política pública a implementar para revertir esta situación?
Como explicaba, el estancamiento de nuestra productividad es el principal aspecto explicativo de la divergencia de nuestro PIB per cápita respecto al resto de España.
Por tanto, comprender los motivos que originan el estancamiento de nuestra productividad era el factor clave para revertir esta situación, que amenazaba el progreso de nuestras islas.
Es cierto que tras la covid-19 se han ido produciendo cambios en nuestra actividad económica que van en la dirección adecuada y que están motivando el cambio de tendencia en la evolución de nuestra productividad. La creciente relevancia de actividades económicas más innovadoras y capaces de generar mayor valor añadido, como las audiovisuales, las informáticas, la economía circular, la investigación y el desarrollo, las actividades técnicas o la economía de los cuidados, contribuye a generar los cambios convenientes. Pero también la mejor cualificación de nuestro capital humano, con el desarrollo de la educación de 0 a 3 años, la formación profesional dual o el descenso de las tasas de abandono escolar, y con el impulso a las actividades de I+D+i, tal y como refleja el crecimiento exponencial que las empresas están haciendo de los incentivos fiscales y el refuerzo del gasto público en esta materia.
La productividad lleva estancada en las Islas casi tres décadas, sin embargo, merece poca atención por parte de los políticos, medios y académicos. ¿Qué importancia le da a la productividad? ¿Cree que se podría hacer algo para colocarla en guarismos aceptables?
La productividad es la variable más relevante para comprender la dinámica económica desfavorable que ha seguido Canarias en las últimas tres décadas y, sin embargo, no ha sido una cuestión que haya estado muy presente en los debates públicos.
Algunos economistas canarios vienen insistiendo en la relevancia de este problema, pero no ha sido introducido formalmente en las preocupaciones sociales autonómicas hasta su inclusión como elemento clave dentro de la Agenda Canaria 2030. La Agenda ha visto la luz en diciembre de 2021. Si el problema no está diagnosticado es muy complicado darle solución. No habíamos sido capaces de identificar nuestros verdaderos problemas, ni siquiera reconocer que teníamos un problema.
Ahora sabemos que la clave para luchar contra el mal comportamiento de la productividad se debe basar en fomentar el crecimiento de actividades económicas de alto valor añadido, en apostar por el capital humano y la formación de la población, en impulsar la I+D+i en las empresas privadas, en mejorar las capacidades gerenciales en las organizaciones públicas y privadas, y en facilitar el clima de negocios y reducir las trabas burocráticas innecesarias.
En esta legislatura, hemos desarrollado políticas que están permitiendo mejorar muchos de estos parámetros, pero aún quedan cosas por hacer. Si seguimos por esta senda, y si tenemos un periodo de normalidad, estoy convencido que podremos dar la vuelta a la situación.
La Agenda Canaria 2030 ha permitido, no solo al Gobierno de Canarias, sino al conjunto de toda la sociedad canaria, conjurarse para acabar con nuestro principal problema económico.
Numerosos sectores de nuestra economía deben su sostenibilidad económica a las subvenciones. ¿Qué límite deben tener estas ayudas?
Las subvenciones son un instrumento de política económica que pueden jugar un papel fundamental para el buen funcionamiento y el progreso de nuestra economía. Tratemos de pensar en cuántas empresas hubiesen quebrado en estos años de no haber sido por las cuantiosas ayudas (más de 1.300 millones de euros) que desplegamos por la covid.
Del mismo modo, las subvenciones orientadas han permitido a muchas empresas apostar por la innovación, por la digitalización de sus negocios y por la formación y cualificación de sus trabajadores.
Así que las subvenciones son un instrumento básico para la mejora de nuestra economía, pero lo más relevante es diseñarlas de forma adecuada y que sirvan para fines que contribuyan a nuestro progreso económico.
¿Es partidario de reducir el impacto de impuestos como el AIEM?
Aunque los impuestos no son especialmente populares, lo cierto es que son la base sobre la que se construye nuestro estado del bienestar. Este Gobierno ha apostado por mantener una base fiscal sólida que, en esta etapa de graves dificultades económicas, ha sido básica para mantener la actividad productiva cuando el sector privado no podía, para mantener un escudo social amplio cuando la población vulnerable más lo necesitaba o para reforzar los servicios públicos fundamentales, como la sanidad o la educación, cuando los protocolos sanitarios y las necesidades de la población así lo requerían.
Los impuestos no solo son útiles en estas etapas de dificultades. En las épocas de progreso son claves para igualar las oportunidades entre la población, independientemente de la familia en la que haya tenido uno la suerte de nacer.
Aquellos que proponen rebajas generalizadas de impuestos deberían detallar cuántos recursos se dejarían de recaudar y en qué áreas se producirían los recortes consecuentes. No es un planteamiento realista, en un partido que aspira a gobernar, hacer rebajas generalizadas de impuestos, a no ser que lo que se desee sea desmantelar el estado de bienestar con recortes en las plazas de 0 a 3 años, en la dependencia, en los refuerzos de medios humanos en la sanidad pública, en el establecimiento de copagos… Pero si esto es así, que lo reconozcan públicamente. No es serio plantear rebajas impositivas y no explicar qué gastos se quieren recortar.
Respecto al AIEM, quiero recordar que es un arbitrio especial porque, más que perseguir una finalidad recaudatoria, es un instrumento básico de nuestra política industrial que persigue proteger los productos locales. Por tanto, cualquier modificación de este impuesto debe tener en cuenta esa segunda vertiente, máxime siendo conscientes de las dificultades que plantea el desarrollo de la actividad industrial en Canarias y su importante aportación a nuestro progreso económico.
La Tasa verde se ha constituido, sobre todo lo que afecta a las comunicaciones aéreas, en una grave amenaza para Canarias. ¿Confía en que pueda salvarse la excepción? ¿No es contradictorio el haber declarado la emergencia climática antes que nadie?
Quiero aclarar que la tasa verde no puede ser aplicable a Canarias. Nuestras especiales singularidades fiscales, que también definen nuestro proceso de integración en la Unión Europea, provocan que nuestro territorio quede exento de la fiscalidad indirecta (IVA) y de los tributos especiales. En esta materia, Canarias es equivalente a un país tercero.
Esta postura se ha venido defendiendo tanto por Canarias como por España en las reuniones mantenidas al respecto en la Unión Europea, y seremos inflexibles con este criterio anclado en nuestro fuero.
Ahora bien, defender esa exención no implica que desde Canarias no apostemos de forma decidida e indubitada por la sostenibilidad medioambiental. Nuestras islas deben ser ejemplares en esta materia porque el futuro de nuestro planeta depende de ello. Y porque la competitividad de nuestro sector turístico también depende de ello.
Por esto estamos apostando como nunca por las energías renovables, el autoconsumo, la eólica offshore, la geotermia, los saltos hidráulicos…
Pero gravar el transporte aéreo, que no es electivo en Canarias, sino una obligación, no sería coherente con nuestra propia estrategia de desarrollo sostenible.
Hemos visto en los últimos tiempos que movilizaciones ciudadanas han paralizado proyectos que parecían poder desarrollarse sin más complicaciones. De un lado, se paralizan; en otros, se ralentizan. ¿No puede esto explicar la falta de atractivo inversor que presentan las islas frente a otros territorios más empeñados en garantizar la seguridad jurídica?
Cuando se paraliza un proyecto es porque detrás hay un argumento jurídico que motiva hacerlo. La seguridad jurídica se basa en el cumplimiento de las normas. Así que las paralizaciones de proyectos por aplicación de la norma no generan inseguridad jurídica, sino una posible mala regulación, cuando la normativa no es clara o no ha previsto de forma adecuada determinadas casuísticas.
Soy absolutamente consciente de la importancia que tiene la seguridad jurídica para el buen desempeño de la actividad económica, y por eso debemos ser todos responsables. Un reto básico de Canarias en los próximos años es revisar la normativa territorial para mejorar la seguridad jurídica de las actuaciones, siendo conscientes de que la ciudadanía exige cada vez con mayor contundencia un uso moderado y coherente del territorio.
No creo que sea tanto un problema de regular y proteger más, sino de hacerlo mejor, de forma más planificada. Tener un modelo de la Canarias que queremos y facilitar las herramientas necesarias para que esa Canarias sea posible.
En relación con lo anterior, una protección del suelo excesiva o muy celosa, ¿no puede complicar más el futuro de las islas?
En la respuesta anterior afirmaba que no es tan importante cuánto protejamos, sino hacerlo bien y de forma planificada. Lo que, sin duda, complica el futuro de Canarias es la falta de planificación y el crecimiento desmedido y sin control.
Con ello no me refiero a que la actividad económica tenga que estar intervenida, pero no podemos obviar que, si no acompañamos el crecimiento de la actividad turística de un adecuado desarrollo de las infraestructuras de transporte, depuración de aguas, generación de electricidad, provisión de servicios sanitarios, articulación de espacios residenciales, formación de los trabajadores o de seguridad, al final estaremos condenados al fracaso porque el sistema quebrará.
El crecimiento de la actividad económica debe venir acompasado a la capacidad que tengamos de proporcionar los servicios públicos adecuados para que ese crecimiento genere progreso y sea sostenible en el tiempo, y que no produzca rechazo entre la población.
¿Están las Islas superpobladas?
El importante crecimiento de la actividad turística ha generado notables necesidades de población trabajadora que ha venido de diferentes partes de España, de Europa y del mundo a prestar los servicios que los turistas demandaban.
La presión de la población en aquellos núcleos donde se ha concentrado el crecimiento se ha hecho muy patente, debido a que ese crecimiento no se ha acompañado de la planificación adecuada de los servicios que esa nueva población requería.
En esos núcleos existe la sensación objetiva entre una parte considerable de la ciudadanía de que se encuentran superpoblados, es algo innegable.
¿Cree que tiene encaje legal la limitación de compra de propiedades a no residentes?
El debate sobre la posible limitación de compra de propiedades a no residentes surge como una propuesta de medida para hacer frente al encarecimiento de la vivienda en Canarias como consecuencia de las limitaciones existentes en nuestra oferta residencial.
Los no residentes constituyen una parte muy importante de las nuevas adquisiciones de vivienda en las islas, copando en algunos periodos proporciones tan notables como un tercio o la mitad de las compras.
Esta solución, sin embargo, no tiene un fácil encaje en la normativa comunitaria y para valorar su potencial eficacia deberíamos analizar con mayor detalle si realmente el encarecimiento de la vivienda viene provocado por este factor o por la ausencia de política de vivienda en las islas.
Lo que sí podemos afirmar es que hasta esta legislatura la política de vivienda no había sido una prioridad para el Gobierno de Canarias en los últimos 15 años. La prueba más palpable de ello es que en los últimos 10 años se entregaron tan solo 27 viviendas de protección social en el archipiélago.
En esta legislatura, se ha firmado un Pacto por la Vivienda y se ha comenzado a implementar un plan que no solo ha conseguido entregar ya más de 300 viviendas en el último año, sino que está planificando la construcción y entrega de más de 1.800 viviendas para los próximos ejercicios.
El apoyo a estas políticas desde luego contribuirá a aliviar las tensiones identificadas en el mercado de la vivienda de Canarias.
Llegamos a la recta final de la legislatura y arranca la campaña electoral, con lo que se volverá a hablar de la necesidad de cambiar el modelo productivo de las Islas. ¿Cree que es necesario? En tal caso, ¿qué propone su partido para que tal cosa pueda ocurrir?
El verdadero cambio de modelo productivo de las islas pasa por mejorar la productividad, pues ya hemos dicho que este es nuestro principal problema económico.
En esa mejora de la productividad adquiere importancia diversificar e incorporar a nuestro tejido productivo nuevas actividades de alto valor añadido. Pero es más importante aún conseguir que en aquellos sectores económicos más consolidados se logren mejoras importantes de nuestra productividad, mediante más innovación, incorporando personal más cualificado…
El verdadero cambio de modelo productivo pasa por sofisticar todas las actividades económicas de las islas, y no por sustituir unas por otras.
Las medidas necesarias para acelerar este cambio ya las comenté cuando hablé de la mejora de la productividad. En esta legislatura, hemos iniciado los cambios oportunos. En la próxima legislatura, será clave mantener el esfuerzo y la dirección para lograr que se revierta la situación de divergencia en que nos metió la gestión de Coalición Canaria al frente de la Presidencia del Gobierno de Canarias.
Entrevista publicada en el número 89:
