Resulta imposible no conmoverse por el relato de las atrocidades vividas en el centro de menores inmigrantes Puerto Bello, en Gran Canaria, de las que teníamos noticia hace unos meses, pero sobre las que ha renacido el interés periodístico al conocerse hace dos semanas las acusaciones al respecto por parte de la fiscalía. El ministerio público detalla gastos sin justificación por decenas de miles de euros, pero también sugiere que esa cantidad puede que represente solo una parte, porque no se ha ejecutado un seguimiento efectivo del destino material del ingente dinero público transferido a la fundación que gestionaba este centro y otros de los que se utilizaron ante la avalancha de inmigrantes clandestinos que se produjo en los últimos años.
Los jóvenes africanos fueron la excusa para que los responsables de los centros desviaran a sus cuentas personales “cantidades dinerarias que se quedaron, incrementando sus ingresos personales a costa del dinero público que debían destinar al cuidado completo, para la integración social y económica de los menores extranjeros del centro que dirigían”. Junto con esta malversación, aparecen los hechos aberrantes relatados por los cuidadores y los internos, más de 200 jóvenes que vivían “una auténtica película de terror” dentro de esos muros. Se relatan golpizas dadas por el personal (que no era el cualificado, sino porteros de discotecas y hasta “camellos de poca monta”), violaciones, consumo de estupefacientes y una alimentación paupérrima, entre otras circunstancias lamentables.
Sucede que la contratación y control de estos “recursos”, como les llama la jerga gubernamental, estaba a cargo de la Consejería de Derechos Sociales, a la que más honesto debería haber sido mantener con su antiguo nombre, menos pomposo, de “Asuntos Sociales”, dado que la flagrante vulneración de derechos de la que nos estamos enterando se ha producido bajo su responsabilidad. Se trata de un área de gobierno que tiene a su cargo Podemos, más precisamente, Noemí Santana, a la que en vista de su notable éxito de gestión han premiado con una candidatura al Congreso en las próximas elecciones generales.
Son los representantes de Podemos grandes defensores de “lo público”. Esto es, del estado en todas sus formas y vertientes. En cada una de sus intervenciones cantan loas a la bondad intrínseca de la gestión política de todos los asuntos y muestran su desconfianza, en cambio, hacia los particulares y empresas, a los que ven impuros por no perseguir, a su juicio, el bien común, sino el beneficio propio. Sin embargo, una vez puestos en labores de gobierno, nos enteramos de cómo destinan millones de euros a determinadas empresas –como las del caso que nos ocupa– sin que por ello sientan que incurren en contradicción alguna.
Incluso, una vez destapado el espinoso caso por Canarias 7, han eludido la mínima exigencia que se tiene hacia los responsables políticos, que es dar cuenta públicamente sobre lo actuado. Más bien, han tratado de convencernos de que la cosa no iba con ellos y que están tan indignados como la opinión pública con todo esto que ha pasado. A nadie se le ocurre no ya dimitir, que sería lo suyo, sino tan siquiera esgrimir una tímida disculpa ante el desastre. La culpa ha sido de los concesionarios, entienden, y nada hay que achacar a quienes los contrataron y mostraron una actitud tan negligente ante hechos que son conocidos desde hace tiempo por todos.
Nos viene entonces a la memoria aquel mea culpa intelectual (que otros pensadores no han hecho pese a seguir su mismo camino) de Octavio Paz, que nos regaló la figura del “ogro filantrópico” para describir al poder político que, en su afán de presentarse como benefactor y protector de la sociedad, en realidad busca mantenerse en el poder y controlar a las masas. Una instrumentalización de la filantropía y el paternalismo estatal que sirve de herramienta a aquellos que quieren vivir del esfuerzo de otros y manipular a los ciudadanos. Es ese mismo ogro que se levanta cada mañana en nuestras administraciones y que es capaz de, entre otras cosas, arruinarle la vida a muchachos como los de los apartamentos Puerto Bello.
