Una de las actuaciones típicas de la izquierda consiste en promover una inversión de valores, tratar de que lo que todos consideramos indudablemente bueno empiece a ser percibido como algo malo y viceversa. Solo teniendo en cuenta este proceder se puede comenzar a comprender fenómenos como el de la manifestación del 20 de abril en Canarias. Una manifestación contra el negocio turístico, en esencia, a la que después se fueron añadiendo otros elementos para ensanchar su base de adhesión. Porque solo invirtiendo los valores puede alguien en estas islas pensar que la industria turística es la culpable de los males que nos aquejan.
Podríamos señalar tres factores, en especial, entre todas las motivaciones de los convocantes. Una era el fastidio acumulado por aquellos que padecen colas en algunas carreteras y autovías. Aunque no se suele ver por las vías en cuestión mucho coche tripulado por turistas, sin embargo, la culpa arbitrariamente se la dirige al turismo y no a los responsables de un diseño insuficiente para el caudal que debe gestionar. Otra es el hecho de que los alquileres se han vuelto cada vez más escasos y más caros, por una oferta que ha brillado por su ausencia mientras crecía la demanda. Baste con señalar que el número de viviendas construidas ha experimentado una drástica disminución, con una caída del 88,6% durante el período 2000-2022. Y encima se le añade una legislación que hace de todo menos incentivar a los propietarios para que alquilen sus viviendas. Más bien, les infunde terror de hacerlo.
Por último, el factor de la coyuntura política. Algunos parecían estar a la espera de que no gobernase la izquierda en Canarias (al menos, la izquierda formal) para organizar esta manifestación que no habría tenido lugar en la legislatura anterior. ¿Que estos tres ingredientes no lo explican todo? Estamos de acuerdo, pero son los que más explican entre todos los posibles. Un buen amigo añadiría al cóctel el activismo de los catedráticos laguneros, que detrás de la trinchera funcionarial se creen con derecho a modelar el mundo a su antojo. Y algún que otro empresario poco competitivo, que desea leyes restrictivas que limiten la aparición de nuevos actores, más innovadores, eficaces y atractivos que ellos.
Con esta última oscura motivación se fraguaron no pocas de las leyes que en Canarias han procurado obstaculizar el negocio turístico con la excusa de la superpoblación, la depredación del medio ambiente o la que sea con tal de dar satisfacción a los enemigos de la prosperidad general y a los enemigos de la prosperidad de sus competidores. Algunas de las consecuencias de estas normas para determinar desde el gobierno quiénes son los ganadores y los perdedores en el negocio turístico ya las conocemos, por ejemplo, a través de los más de 700 millones de euros que según la Justicia deberá pagar el gobierno autonómico (la factura la asumiremos todos nosotros) como consecuencia de la Ley de Medidas Urgentes que el entonces presidente regional, Paulino Rivero, decía que iba a “reactivar la economía”. Como curioso déjà vu, cabe recordar que no solo CC la apoyó, sino también el PP.
El tiempo será el que determine hasta dónde llegará la influencia de los enemigos del turismo. Por lo pronto, la cosa no pinta nada bien, puesto que las fuerzas políticas que en principio deberían oponerse a ellos no lo hacen, sea por cobardía, sea por complejos o sea por mera ignorancia de qué es lo importante y qué no lo es. Es cierto que una sociedad madura y bien articulada no tiene por qué fiarlo todo a sus dirigentes políticos. Pero mucho me temo que la sociedad civil canaria no es madura ni está bien articulada, porque si así lo fuera jamás habría permitido que llegase a tanto este reino del disparate, este tiro en el pie, esta autoflagelación que la alejará aun más de la tierra próspera y pujante que, siguiendo el camino correcto, podría llegar a ser.
