Una huelga tributaria no parece ser cosa de nuestro tiempo. El discurso público, más bien, se orienta al señalamiento de ricos y famosos por un quítame allá esas pajas impositivas, con la sola mención de una cuenta bancaria fuera de las fronteras como argumento suficiente para el escarnio y asesinato de imagen de aquel que ose hacer con su dinero lo que le venga en gana. Pero a comienzos del siglo XX se produjeron dos huelgas de este tipo, cuando el ministro Raimundo Fernández Villaverde empezó a ajustar las cuentas del gobierno tras el desastre de la guerra de Cuba. A ajustarlas avanzando sobre la riqueza de los particulares, como ocurre siempre.
Así, se dispuso una quita de la deuda de 150 millones que recayó en aquellos que habían prestado dinero al estado para la guerra, principalmente empresarios aragoneses, catalanes y valencianos, cuyos títulos de deuda pasaron a valer muy poco. Todo un gesto de agradecimiento. Eso junto con un nuevo tributo para gravar el salario obtenido por los trabajadores y los beneficios que obtenían las empresas, llamado imaginativa y eufemísticamente “impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria”.
La Liga Nacional de Productores dirigida por Joaquín Costa y las cámaras de comercio lideradas por Basilio Paraíso se aliaron (en la Unión Nacional) para plantar cara ante la situación. La idea de Costa era crear una generación de españoles, a través de reformas educativas, que pudieran enfrentarse a los gobiernos extractivos. La de Paraíso era la de ir al grano: huelga tributaria, como la que había habido en Barcelona en 1899 ya (“Cierre de cajas”), pero en todo el país. Su empeño no dio muchos frutos, en especial porque se produjeron graves altercados en Segovia, Cádiz, y sobre todo en la capital catalana, ciudad donde se volvieron violentas las manifestaciones. La Unión Nacional naufragó más tarde como consecuencia de todo ello.
Esa reflexión acerca de cuál es el nivel de impuestos que una sociedad puede tolerar, hoy ausente en el debate público salvo que sea para aumentarlo, ya aparece años antes en la novela Miau, de Benito Pérez Galdós, aunque vista desde la perspectiva estatalista. Ramón Villaamil es un viejo empleado del Ministerio de Hacienda al que un cambio político le frustra el final digno que pensaba iba a tener su carrera.
Justo a él, que proclamaba las virtudes de un tributo que por entonces (abril de 1888) no existía aún en España: “¡Ah!, ¡el income tax! Es el sueño de toda mi vida, el objeto de tantísimos estudios, y el resultado de una larga experiencia… No lo quieren comprender y así está el país… (…) Yo lo sostengo: el impuesto único, basado en la buena fe, en la emulación y en el amor propio del contribuyente, es el remedio mejor de la miseria pública. Luego, la renta de Aduanas, bien reforzada, con los derechos muy altos para proteger la industria nacional”.
Así se expresa Villaamil, todo un teórico de la cosa, al que el propio Bravo Murillo escuchaba con atención, según le dice al coro de empleados más jóvenes, que lo escuchan fingiendo interés ante el viejo que ha caído en desgracia y del que se burlan a sus espaldas. Se adelanta veinticinco años a la 16ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que le permite al Congreso gravar un impuesto sobre la renta y alejar al ciudadano de la autoridad local, al pasar a ser el gobierno federal el que le metía la mano en el bolsillo.
La construcción del personaje muestra la maestría de Galdós para poner en sus labios el discurso fiscalista, como buen defensor del bienestar del estado que es. Él espera ser reincorporado a su puesto, mientras repite su dogma. Los excompañeros de oficina, por su parte, no han perdido la oportunidad de hacer mofa del viejo, al unir el “miau” con que en el barrio saludaban los niños traviesos a las mujeres de su familia (decían que tenían rasgos gatunos) con las siglas de la utopía fiscal del cesante: “Moralidad, Income-tax, Aduanas, Unificación de la deuda. MIAU”.
Solo lo entiende su amigo Buenaventura Pantoja, al que le gusta discutir su teoría del income tax. “El impuesto sobre la renta, basado en la declaración, teniendo por auxiliares el amor propio y la buena fe, resulta un disparate aquí donde casi casi es preciso poner al contribuyente delante de una horca para que pague”, le decía tratando de acercarlo a la realidad. Casi un siglo y medio después, sin embargo, y sin necesidad de horcas, han logrado domesticar al sufrido contribuyente. Por el bien de todos y todas.
