Su aparición ha sido, aunque se abuse de la palabra, una auténtica revolución. Y ha creado miles de puestos de trabajo allí donde no los había, en especial, en esa franja de edad donde los números del desempleo son más hirientes que en ninguna otra, los jóvenes. Pero no parece verlo así la ministra estrella y esperanza blanca de Podemos, Yolanda Díaz, que acaba de aprobar un real decreto ley para regular esta actividad que, lejos de impulsarla, amenaza con destruirla. Los “riders” (repartidores) tendrán ahora, a juicio del gobierno, una protección de la que antes carecían y se obligará a las empresas que se nutren de su trabajo a contratarlos en el plazo máximo de tres meses.
Este fenómeno es una muestra de lo que se conoce como la “gig economy”, aquella que permite a las personas tener horarios flexibles y ser su propio jefe, al encontrar empleo a través de múltiples aplicaciones móviles que dan la facilidad de la intermitencia: pueden trabajar tanto como quieran o puedan según su disponibilidad de tiempo. Una flexibilidad muy difícil de alcanzar en otras ocupaciones y que motivó su rápida aceptación: casi de un día para otro se vio aparecer en las ciudades a un ejército de ciclistas y motociclistas que llevan y traen pizzas, sushi o hamburguesas, pero también pequeñas compras del supermercado o medicamentos de las farmacias. Operan como autónomos y ganan un dinero que está en relación directa con la cantidad de repartos que hagan.
A partir de ahora, pasarían a ser asalariados. Y ganarán bastante menos dinero, según sostienen ellos mismos, que se han manifestado contra la nueva norma de manera contundente. Del otro lado, este esquema de trabajo también beneficia a las empresas como Deliveroo, Uber Eats o Glovo, porque pueden centrarse en producir un buen software sin tener que administrar una enorme fuerza laboral, con todas sus cargas fiscales. El cambio impulsado por el gobierno promete ser devastador para las empresas de la “gig economy”, porque su modelo de negocio descansa en el hecho de que cuenta con una fuerza laboral flexible. Y afectará también a los clientes, porque el precio del servicio se puede disparar.
El cartel de “falsos autónomos” que se había colgado de sus cabezas ha hecho un flaco favor tanto a su bienestar como al futuro de su actividad. Y el golpe intervencionista de la ley, además, quiere obligar a las plataformas a informar a los sindicatos sobre las reglas que rigen los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en los que se basan a la hora de gestionar su plantilla de repartidores. O sea, a meterse en la cocina. Los repartidores han captado enseguida que la nueva norma les perjudica y así es que la han rebautizado como “ley anti-riders”, porque no respeta su voluntad de seguir operando como autónomos y asegurarse un ingreso mejor por su trabajo. A partir de ahora, al ser las empresas las responsables de los gastos y de las horas extra, deberán controlar los horarios de sus empleados para asegurarse de no perder dinero. Eso significará decirles a los repartidores cuándo y dónde trabajar, en lugar de dejar que ellos decidan. Adiós flexibilidad y adiós compatibilidad con otras ocupaciones y obligaciones.
El éxito de una empresa radica con frecuencia en su capacidad para escuchar a los consumidores y luego responder rápida y directamente a sus necesidades y preferencias. Es lo que han logrado estas plataformas, para beneficio de todas las partes implicadas. Y es lo que han logrado en algunos países africanos varias empresas de la “gig economy” que –hasta que aparezca una Yolanda Díaz vernácula– ofrecen soluciones tan ingeniosas como la aplicación Hello Tractor, un Uber para tractores, que permite a los agricultores obtener tractores no utilizados en su localidad; GetMyBoat, para préstamos de barcos entre pares en Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Mozambique y Namibia; o Domestly, que provee personal doméstico por horas en Sudáfrica.
La economía digital está dando soluciones a miles de personas que antes encontraban duros escollos para insertarse en el mercado. Pero esto parece estar fuera de la comprensión de unos gobernantes siempre dispuestos a fomentar los mitos de raíz marxista que hablan de explotadores y explotados, así como a desconfiar de toda empresa que se vuelve exitosa rápidamente sin pasar por sus manos intervencionistas. Y, por supuesto, a encontrar oprimidos allí donde no los hay, para acudir raudamente a salvarlos… de sí mismos, como es este caso. Son amores que matan y que dejarán en la calle, pero no para repartir nada, a miles de jóvenes que antes se ganaban el sustento de muy honorable manera y en la medida de su esfuerzo.
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