No se asuste Ud., no irán estas líneas destinadas al asunto del año en España, que no es otro que la abuelidad en diferido de Ana Obregón, porque ya bien analizado está por los sabios de las cuestiones morales, que nunca se equivocan. Pero si hay un problema de la gente común que no podía empeorar, ese parecía ser el de la vivienda. Sin embargo, este gobierno puede alcanzar el raro mérito de llevar las cosas a un estado aun más grave.
La ley de vivienda que llegaría a ver la luz antes de que acabe esta legislatura fue anunciada no por algún ministro sino por los socios que han permitido su desbloqueo político: ERC y Bildu. Han sido dos diputados de estas formaciones los encargados de proclamar las supuestas virtudes que tendrá la nueva legislación, que se presenta como defensora de los inquilinos, al reconocer “el derecho a la vivienda”, porque “interviene y regula el mercado del alquiler topando los precios, poniendo coto a la especulación y los abusos”, según sus palabras.
No es por el éxito de su aplicación efectiva, sino por el que ha tenido en su mero uso discursivo, que el verbo topar se ha instalado con fuerza entre nosotros y en este caso se aplicará al mercado del alquiler. O a lo poco que queda de ese mercado. Ese tope a los alquileres tendrá una parte visible y otra que no se verá. La visible será que los inquilinos actuales no verán crecer tanto como la inflación el alquiler que pagan cada mes. Pero la que no se ve es que los inquilinos futuros es probable que tengan que lidiar con unos precios mayores que los que habrían tenido de no sancionarse esta ley.
Otro efecto que no se verá a simple vista es que el tope resultará un formidable desincentivo para mantener en buen estado o reformar las casas por parte de los propietarios, que no incurrirán en esta inversión, ya que no les reportaría un retorno razonable en términos de cotización de su activo inmobiliario. En este sentido, se estaría yendo a un esquema similar al de la Ley de arrendamientos urbanos de 1964, que dada la obsesión con la dictadura franquista de los gobernantes actuales no debería ser motivo alguno de sorpresa. Pensemos en aquellas “rentas antiguas” en pleno corazón de Madrid que tenían su precio expresado en pesetas y que lejos de significar un ingreso mensual eran más bien una pérdida para sus propietarios.
Planteado por la propaganda como una respuesta a “una demanda histórica” de los “movimientos por la vivienda” para acabar con la “incertidumbre e indefensión” de los inquilinos, anuncian que se prohibirán los desahucios sin fecha y hora predeterminada. Traducción: los okupas lo tendrán más fácil que hasta ahora. Por si fuera poco, se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos hasta más de dos años. Si hasta ahora el principal miedo del arrendatario era que su cliente se transformase en un okupa, en lo sucesivo ese miedo se transformará en pánico y hará que muchas viviendas salgan del mercado, lo que reducirá aun más la oferta.
Otro objetivo de la ley es combatir los llamados “fondos buitre”, nombre con que el prejuicio anticapitalista bautiza a la inversión extranjera. Para esto, rebajarán la calificación de grandes tenedores de diez a cinco inmuebles. Pero esto afectará también a muchos españoles, como es evidente. Quizá usted, que lee estas líneas y que entre ahorros, herencias y mucho esfuerzo ha logrado comprar un puñado de apartamentos, sienta que le están empezando a crecer las alas en la espalda y que huele la carroña.
En toda la palabrera explicación del gobierno acerca de la ley de vivienda se advierte una ausencia notoria. No se habla de lo que constituye el principal problema, que no es otro que la escasez de oferta; escasez que se agudizará en algunas zonas donde el interés por vivir es creciente y la disponibilidad estará estancada o menguante, por los efectos de esta ley antes descritos. Los casos de Barcelona, algunas ciudades de Alemania, de EE.UU. o de Suecia, donde los controles de precio han fracasado, no desaniman a nuestros legisladores, que se mantienen con tozudez en errores ya conocidos. Seguirán declamando que esto amplía los derechos de los más vulnerables, aunque la realidad siga su curso con independencia de lo que ellos aprueben en sus mullidos escaños.
